"Me llamo... Cándido"

Todos se preguntan por qué ahora Cándido Conde Pumpido, Fiscal General del Estado, ha dicho lo que ha dicho. Creo haber encontrado la respuesta y es, otra vez, el Karma:

¡¡¡Me llamo... 

Cáaaaaandido!!!

"¿Han pensado alguna vez en ese tío que solo comete malas acciones y se pregunta porque su vida es una mierda? Pues así soy yo. Cada vez que me pasa algo bueno, está apunto de pasarme algo malo. El karma. Así me dí cuenta de que debía cambiar. He hecho una lista de mis malas acciones y voy a enmendar todos los errores que he cometido en mi vida.”  

Intento ser mejor persona".

Garzón, mosca cojonera

Garzón hace otra de las suyas (y van…). Mientras, a algunos, nos sorprende el que siga siendo juez instructor en la Audiencia Nacional. Por fortuna, un científico estadounidense ha encontrado la explicación a este fenómeno y nos aporta una solución. Ahora, a ver quien es el guapo que la pone en práctica.

"Mosca garzonera"

Más: Los jueces se alinean con Garzón frente a las críticas de EL MUNDO. El filósofo Gustavo Bueno (el genuino buenista no es Zapatero) lo pone en su sitio. Más en "La doble vara de Garzón", por Javier Lozano (LD).

Politización de la justicia y judialización de la política. Sobre la crisis institucional en DEBATE21

En mi último articulo para Debate21 trato, desde una perspectiva general, un fenómeno negativo a los ojos de los españoles, la “politización de la justicia”, y lo comparo con otro fenómeno, de efectos, en cambio, positivos, la “judialización de la política”.

La “politización” estaría relacionada con la crisis del Estado de Derecho, mientras que la “judialización” es una muestra de su salud. La “judialización" no debe confundirse con el "totalitarismo judicial", algo que hacen muchos intelectuales y periodistas. Muy al contrario, no es sino el fiel reflejo de la importancia que en una sociedad democrática se da al control del poder político y a la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a las arbitrariedades del poder. No obstante, cuando el número de decisiones trascendentes y acciones políticas de primer orden acaban en los tribunales es posible que nos encontremos ante un tercer fenómeno distinto de los dos mencionados: una "crisis de las instituciones democráticas", las cuales ya no encauzarían adecuadamente la voluntad mayoritaria de los ciudadanos.

De todo esto es de lo que hablo en Politización de la justicia y judialización de la política.

Garzón, Gabilondo, Luís Del Olmo y otras gentuzas

Quien no iba a decir que todo un juez como Garzón, que se ha enfrentado a organizaciones como los GAL, la ETA o Al Qaida, es decir, al terrorismo local, internacional y de Estado, que persiguió al ex-Dictador chileno Augusto Pinochet por medio mundo y es un eterno aspirante a una plaza de magistrado en la Corte Penal Internacional, iba a tener miedo de un periódico, una cadena de radio y un diario digital. Lo creeríamos asi si todos ellos perteneciesen al Grupo PRISA, órgano de propaganda oficioso del socialismo patrio, ¿recuerdan el caso del también Juez de la Audiencia Nacional Gómez de Liaño, condenado por un delito de prevaricación como consecuencia de haberle retirado el pasaporte -caramba- a Jesús De Polanco, a la sazón, dueño de tan poderoso grupo de comunicacion. Pero no es este el caso, el miedo de Garzón esa algunos de los medios de comunicación más independientes que quedan a nivel nacional, los más críticos con la actuación del Gobierno de Rodriguez Zapatero y los unicos vigilantes de su, cada vez mas increíble labor judicial y comportamiento personal.

Garzón ha tenido sus momentos, ha abierto debates interesantes en el mundo de la Justicia y el Derecho y ha llevado a cabo acciones judiciales arriesgadas y nada convencionales. Por ese mismo motivo, también es un instructor irregular y sus sumarios contienen muchas incoherencias y omisiones. También ha cruzado demasiadas veces la línea entre juez y político/intelectual, un camino que es legítimo si es solo de ida o de vuelta, pero que lo es menos cuando se convierte en una continua ida y vuelta. Sin embargo, hasta ahora, no se habia atrevido a traspasar la frontera entre la labor de juez y la de inquisidor -si exceptuamos su actuación en el asunto de Liaño, que de todo hay antecedentes. Con el asunto de los peritos de la policía y la presunta falsificación de un informe sobre las conexiones entre la ETA y el terrorismo islámico se ha pasado varios pueblos. Si a eso añadimos sus discutibles decisiones en la lucha contra ETA desde que recupero su juzgado de instrucción en la Audiencia Nacional, tenemos un panorama delicado y preocupante.

¿Que le ha ofrecido el Gobierno socialista para actuar asi? ¿Una plaza en el Tribunal Supremo o en el Consejo General del Poder Judicial? ¿Promoción a algun organismo internacional? La jugada puede salirle cara porque la diferencia que existe entre ser un juez estrella o tener comportamientos poco éticos y ser un juez prevaricador es muy grande en sus consecuencias pero poco en los hechos. Tan grande es la diferencia como la que hay entre ganarse unas cuantas críticas en los editoriales de la prensa diaria y la expulsion de la carrera judicial, con o sin estancia en prisión de por medio. Aunque siempre disgusta ver a sujetos que como Garzón confunden las instituciones con su propia persona, en este caso tenemos la ley del lado de los que no creemos que esto deba permitirse.

Otro asunto es ver que hacemos con personajes como Gabilondo o Luis del Olmo. Digo personajes porque llamarlos periodistas es, desde hace mucho tiempo, un insulto a los que hacen de esta profesión algo mas que un medio de vida. El primero se dedica a insultar a todo opositor al socialismo que nos gobierna desde el que puede que sea el peor y con menor audiencia de los informativos televisivos, que ya es decir. El segundo hace circular la idea de ponerle una bomba a Federico Jiménez Losantos. No son tan distintos de Garzón. Igual que este, han confundido a la institución -la prensa, el cuarto poder, el principal formador de la opinión pública- con sus respectivas personas. Tantos años siendo referentes para una parte de la población, no terminan de aceptar que ésta les de ahora la espalda en sus respectivos proyectos personales (informativos de Cuatro y cadena Punto Radio). Con razón Juan Carlos Girauta los llama prejubilados. Lo triste es que son o se han convertido en algo mucho peor, en gentuza. Agreden nuestra inteligencia como ciudadanos y dan una muy mala imagen de los miles (millones) de jubilados españoles, que si han sido responsables y profesionales durante su vida y que ahora retirados son una fuente de sabiduría y experiencia para las nuevas generaciones. Garzón es aun lo suficientemente joven como para no valorar aecuadamente su propia trayectoria, pero los otros dos..., los otros dos deberían pensar en el recuerdo que quieren dejar de si mismos. Si no fuera por lo que esta en juego me darían pena.

Hernando y el Congreso

Son múltiples y variadas las opiniones que despierta la negativa a comparecer en el Congreso del Magistrado Francisco José Hernando (no confundir con el Coronel Hernando de la Policía Nacional, este si ha de explicar muchas cosas sobre el 11-M), presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para explicar la reciente decisión del Tribunal Supremo en relación a la interpretación de la legislación penal y penitenciaria que se aplica a los presos de ETA. Aparcando el análisis jurídico de la decisión del Supremo, los efectos prácticos de la misma han sido retrasar la excarcelación de los etarras con delitos de sangre. Tal hecho parece no haber gustado al Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero, el cual a través del grupo parlamentario socialista y su portavoz, Alfredo Pérez Rubalcaba solicito la citada comparecencia de Hernando. El trasfondo del conflicto entre Hernando y el PSOE esta en la política antiterrorista del gobierno socialista. Es ahí y no en otro sitio donde hay que buscar las respuestas.

En un régimen democrático el Parlamento es el centro de la vida del Estado, es su corazón y, por tanto, el freno a la Suprema Razón en que se refugia la burocracia estatal. El Parlamento, a la vez, ostenta la mayor legitimidad de origen de entre los tres poderes del Estado, y la del Ejecutivo y el Judicial lo es por derivación de aquel. Las relaciones entre Parlamento y Gobierno son conocidas. El segundo debe gozar de confianza del primero o cesar en sus funciones, a la espera de que se nombre un nuevo ejecutivo. El Poder Judicial, en cambio, mantiene una mayor independencia respecto del Parlamento, solo a través de los nombramientos de los miembros del CGPJ, el Tercer Poder, recibe cierta legitimidad democrática. Otro tanto, el único límite a sus funciones proviene de las leyes y no de la opinión pública. El Parlamento y el Ejecutivo se renuevan cada 4 años, pero el Poder judicial y sus componentes gozan de una estabilidad y permanencia en sus puestos que trasciende a la voluntad popular. Y ha de ser así para la pervivencia del Estado de Derecho. Atendido esto, también esta claro que el Parlamento es el sitio donde se supervisa y censura, con luz y taquígrafos, la actuación de los responsables públicos. Nadie negará la procedencia que pudiera tener que el representante del Poder Judicial, como cualquier otro miembro del aparato del Estado, acuda a expresarse al recinto de la soberanía nacional. En cualquier país de nuestro entorno esto seria algo de lo más normal, pero hace tiempo que en España nada lo es.

Las razones que mueven al PSOE de Rubalcaba ha pedir la comparecencia de Hernando no son las necesarias funciones de publicidad y control de los cargos públicos en una sociedad democrática (pensada mas bien para los miembros del Ejecutivo), sino una mas abyecta, conseguir sacar al máximo representante del Poder Judicial de su ámbito de actuación y acercarlo a la arena política, en ultima instancia situándolo al lado del Partido Popular y su intereses electorales. Para que ello sea posible es necesario escenificar el enfrentamiento entre los poderes Ejecutivo (con el amparo de la mayoría parlamentaria) y Judicial, con la polémica sobre la lucha antiterrorista de fondo. Las consecuencias de un enfrentamiento de este tipo son importantes en una democracia. Para no dañar a largo plazo las instituciones, el presidente del CGPJ se vería en la situación de presentar, inmediatamente, su dimisión. Esa y no otra era la estrategia de los socialistas, sabiéndose amparados por la legitimidad democrática que impide que no sea otra que la opinión publica a través de la elecciones la que los remueva del sitio. Hernando tenia, pues todas las de perder.

El enfado del PSOE es mayúsculo, y se ha traducido en graves acusaciones al, también, Presidente del Tribunal Supremo. De entre las dos decisiones posibles para Hernando, una, mas popular y rentable a corto plazo, que era acudir para decirle al gobierno lo que opina de su política antiterrorista, y dos, la mas institucional y profesional, no acudir y así salvaguardar la independencia del Poder Judicial, Hernando ha elegido la mas inteligente (aunque tal vez se haya movido mas por su orgullo personal, herido en demasiadas ocasiones) al evitar que se reprodujese en el Parlamento lo que no ocurre o debe ocurrir en la realidad judicial. Comparecer le hubiera costado el cargo o como poco la inhabilitación para posteriores procesos judiciales relacionados con el terrorismo.

Creo que Hernando tampoco debió acudir en diciembre del año pasado, a pesar de los insultos contra su persona, que no han cesado hasta el día de hoy. Aunque muchos tengamos la tentación de exigir del Poder Judicial una mayor combatividad hacia el Gobierno, su campo de actuación son los tribunales, no el hemiciclo. Sacar a los jueces del ámbito del derecho para meterlos en el ámbito político es un error de procedimiento en democracia y acaba perjudicando al sistema más de lo que lo ayuda (el propio Hernando ha sido ejemplo de ello con alguna metedura de pata).

No puede atraerse a las instituciones del Estado a papeles extraconstitucionales (como recuerda el propio comunicado de Hernando), e incluso extranaturales, pues la labor del Poder Judicial no es hacer la oposición política al Gobierno, sino aplicar e interpretar razonadamente la ley, que es lo que ha hecho el Tribunal Supremo. Y eso debería bastar a un Gobierno que se llama a si mismo democrático.