Ya comentamos como fue aprobada, no sin cierta burla al procedimiento democrático, la Ley que Sarkozy quería impulsar para acabar con las descargas e intercambios en Internet de archivos con material sometido a derechos de autor. La ley ha sido finalmente rechazada por el Consejo Constitucional francés. Para el homólogo de nuestro Tribunal Constitucional, la Administración francesa no puede sancionar con la privación de acceso a Internet (después de tres avisos) al usuario que supuestamente haga uso de las redes P2P (así se conocen las redes de intecambio de archivos) para estos fines, siendo este acto contrario a las libertades de expresión, de prensa y al derecho a la presunción de inocencia que asiste a todos los ciudadanos, ya que solo un juez, en un proceso penal seguido con garantías, puede limitar estos derechos y libertades.
Es una buena noticia, sobre todo teniendo en cuenta que la SGAE pretendía que España siguiese dicho modelo sancionador, ó, al menos, anticipando lo ocurrido en Francia, introdujese por ley la reducción en la velocidad de la conexión de los "piratas" (como parece que hará el Reino Unido). Con lo ridículamente baja que ya es, si la comparamos con la de otros países de nuestro entorno, vendría a ser lo mismo que una desconexión. En cualquier caso, este tipo de regulaciones son abiertamente contrarias a los derechos de los ciudadanos, dan un gran poder al Estado para vigilar lo que hacemos o dejamos de hacer en la red y en nuestra vidas privadas, sin tan siquiera recurrir ya al argumento de la Seguridad Nacional. Ahora, basta la existencia e intereses corporativos, desapegados de cualquier interés público y general, que solo buscan proteger modelos de negocio ya obsoletos y convertir a un grupo reducido y minoritario de autores, ya de por si privilegiados por subvenciones varias, en guardianes de la "cultura" en nuestra sociedad.
Corte de conexión ó reducción de su velocidad, multa ó cárcel, da lo mismo. Sin que hayamos cometido acto alguno que pueda considerarse delictivo, nuestras libertades públicas se convierten en libertades tuteladas, sino directamente cercenadas.
Ó se pone freno a estos tipos (SGAE y otras sociedades de "gestión de derechos de autor"), verdaderas mafias legales en pleno siglo XXI, ó un día resultará que los usuarios de programas P2P seremos tratados como miembros del crimen organizado, pero con muchos menos derechos que un estos.
La cultura no es la "industria cultural". Si la segunda se hunde, no lo hará la primera, es más, puede que le venga bien. Igualmente, las "sociedades de autores" no son todos los autores; solo representan los intereses de sus afiliados y no tienen el derecho a atribuirse la representación de aquellos que no lo son/somos.
Ojalá aquí seamos tan valientes y claros como el Consejo Constitucional francés para defender nuestras libertad.
