Huelgas ilegales y delictivas

Desde la llegada al poder del PSOE de Jose Luis Rodriguez Zapatero, ell país ha sufrido varias huelgas realmente sorprendentes e ilegales. Seguramente, el lector recuerde aquel vergonzoso “secuestro” de las carreteras españolas al que los empresarios de grúas (si, empresarios haciendo huelga, como oye) sometieron a los españoles en el año 2004. Entonces, el alza en los precios del petróleo obligaba a que las aseguradoras cubrieran las pérdidas con una subida de las tarifas que según los huelguistas debía alcanzar 30 veces el IPC. Lo denominaron el precio justo de mercado. El gobierno medió en el conflicto con el resultado de que fuimos todos los españoles los que tuvimos que pagar al fijarse unas deducciones fiscales (cuya base era una circunstancia temporal y arbitraria) para el sector. Aquellos hechos derivaron en otras varias huelgas en otros sectores de autónomos y del sector servicios, igual de injustificadas, y que contaron con la legitimación gubernativa. Ahora (2006) han sido dos huelgas seguidas, una protagonizada por los pilotos de la aerolínea IBERIA y otra por los trabajadores de tierra del aeropuerto del PRAT en Barcelona, las que han continuado y empeorado esta practica.

Una concepción marxista de los derechos laborales Vs. concepción liberal

Una de las tragedias de nuestra democracia es el como la ideología y el pensamiento marxista o socialista han impregnado cada una de las esferas de la vida publica. El ámbito de las relaciones laborales no es una excepción.

MARX, como sus continuadores, se fijaron, para elaborar sus teorías económica y social, en el modelo del trabajador industrial del finales del XVIII y comienzos del XIX, un trabajador cuyo perfil estaba muy marcado por la circunstancia histórica de la Revolución Industrial: todos los trabajadores asalariados (el proletariado) conformaba una única masa uniforme que oponía sus intereses a los del empresario industrial (el Capital). Ya es discutible que esta visión fuera ajustada a la realidad de su tiempo, o una interpretación muy particualr de la misma, pero lo que esta mas claro es que en las democracias occidentales modernas, basadas en el sector económico terciario (los servicios) dicho perfil de trabajador hace tiempo que o bien se ha erradicado o su caracter es residual.

Es más cierto, un panorama actual en el que los diferentes trabajadores se agrupan según su ocupación concreta. En empresas o sectores como el del transporte aéreo, la uniformidad de intereses no existe ¿Que grado de afinidad puede existir entre trabajadores de tierra, pilotos, controladores aéreos? Cada uno de ellos forman un grupo aparte, incluso dentro de cada uno de ellos los intereses se subdividen. La misma critica de los socialistas del XIX a la integración que los burgueses hacían en el Tercer Estado de todos los no-privilegiados habría que hacérsela a los socialistas de ahora cuando consideran a todos los trabajadores como una clase social uniforme. Los conflictos laborales no son ya simples conflictos bilaterales sino multilaterales, en los que cada trabajador no intenta defender sus intereses únicamente frente al patrón sino también frente a los demás trabajadores.

Esta concepción liberal se le escapa al Gobierno de ZAPATERO, que, por supuesto, simpatiza con los trabajadores como si fueran la parte débil del conflicto que ha de ser protegida por el Estado. La cosa chirría cuando muchos de estos trabajadores poco tienen que ver con el trabajador industrial de ayer y mucho con el empresario autónomo o profesional liberal. Con preocupación hemos de ver como se hace la vista gorda ante actos tan vergonzosos e ilegales como los ocurridos en el PRAT.

El derecho de huelga no es un derecho absoluto, ni ampara el delito.

Siguiendo con los tiempos de MARX, el derecho de huelga no estaba reconocido en casi ningún país y el concepto de Estado de Derecho se encontraba en desarrollo, casi en pañales. El uso de la violencia por parte del trabajador podría encontrar una mínima justificación en ello. Pero hoy día no es así. La huelga es un derecho reconocido constitucionalmente - como la libertad de expresión y el derecho de manifestación - y, por tanto, se encuentra protegido por las leyes. Pero a la hora de ejercerse - todos ellos - deben respetarse los derechos de los demás.

La invasión de la pista del PRAT en Barcelona, se asemeja al acto de toma de la fábrica de los inicios de la era industrial, como tal es un acto de violencia gratuito e injustificado, y no esta amparado por el derecho de huelga. Pero es mas, los empleados de tierra, en su reivindicación violaron el derecho a la libre circulación de los pasajeros que esperaban en pista, siendo estos, en la practica, secuestrados. Sin mencionar que se puso en peligro la seguridad aérea, uno de los delitos contra la seguridad más graves que existen en el Código Penal.

Algo de cuenta se deben haber dado los huelguistas cuando (días después y ante la investigación judicial en marcha) han tratado de explicar su conducta, disculparse y hacer ver a la opinión publica que no eran conscientes de la gravedad de sus actos.

Que las autoridades publicas (da igual de quien fuera la competencia, si del Estado Central o la Comunidad Autónoma) no actuaran en el momento, disolviendo la concentración en la pista, es un hecho grave y deberá solventarse - tal inactividad - con las oportuna petición de responsabilidades políticas. Pero la responsabilidad criminal de los huelguistas debe resolverse favorablemente a los intereses públicos, es decir, no acabar, como en otras ocasiones, con la transmisión a la opinión publica de la idea de que se puede delinquir si uno se ampara en sus “derechos laborales”.

Proliferación de huelgas ilegales y responsabilidad gubernativa.

En el caso del Prat hemos asistido a un autentico exceso reivindicativo. La culpa es extensible al Gobierno y las administraciones publicas responsables por cuanto, en anteriores huelgas, otros grupos de trabajadores consiguieron sus reclamaciones, con o sin la ayuda de actos criminales, reclamaciones que no se amparan en un legítimo derecho laboral y a la negociación colectiva sino en la obtención de ventajas inmerecidas. Una espiral reivindicativa que el gobierno no ha querido detener. Ésto, como no, encendió los ánimos de unos trabajadores del sector aéreo que se siente maltratados respecto a sus compañeros, en especial, pilotos y controladores.

El antecedente de los actos del PRAT se encuentra en la huelga de pilotos de IBERIA ocurrida a comienzos del verano. Una huelga -a todas luces ilegal- con la que los pilotos querían influir en una decisión exclusivamente empresarial, como son las vías de inversión y ampliación de negocio -en concreto, la decisión de IBERIA de abrir una línea de vuelos de bajo coste, amparándose en que la contratación de nuevos pilotos podría tener efectos negativos en el futuro de los pilotos en activo-, para ello recurrieron al chantaje de una huelga el primer día oficial de vacaciones. Nuevamente un grupo de poder (los pilotos no son, ni mucho menos, unos muertos de hambre que trabajan en una mina de carbón en condiciones propias del siglo XIX), coaccionaba a consumidores y empresa sin que el Fiscal General de Estado, ni el Ministerio correspondiente respondieran acudiendo, de “motu propio”, a los tribunales. No es extraño que los trabajadores de tierra entendieran que la ilegalidad (y el delito) fuera legítima para la defensa de sus intereses.

Resumen.

Mientras no entienda el trabajador español y los responsables políticos que no existen las clases sociales en un sentido marxista, que lo que hay en el mundo laboral son individuos o grupos de individuos con intereses egoístas, tan legítimos, en principio, los unos como los otros, que han de confrontar entre si para llegar a acuerdos sin recurrir a la violencia y sin acometer la vulneración sistemática –y finalmente impune- de las leyes que impiden que los derechos de terceros se vean gravemente dañados, esta situación seguirá degenerando, lo que necesariamente habrá de repercutir en la imagen que de España tengan turistas e inversores.