Hernando y el Congreso

Son múltiples y variadas las opiniones que despierta la negativa a comparecer en el Congreso del Magistrado Francisco José Hernando (no confundir con el Coronel Hernando de la Policía Nacional, este si ha de explicar muchas cosas sobre el 11-M), presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para explicar la reciente decisión del Tribunal Supremo en relación a la interpretación de la legislación penal y penitenciaria que se aplica a los presos de ETA. Aparcando el análisis jurídico de la decisión del Supremo, los efectos prácticos de la misma han sido retrasar la excarcelación de los etarras con delitos de sangre. Tal hecho parece no haber gustado al Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero, el cual a través del grupo parlamentario socialista y su portavoz, Alfredo Pérez Rubalcaba solicito la citada comparecencia de Hernando. El trasfondo del conflicto entre Hernando y el PSOE esta en la política antiterrorista del gobierno socialista. Es ahí y no en otro sitio donde hay que buscar las respuestas.

En un régimen democrático el Parlamento es el centro de la vida del Estado, es su corazón y, por tanto, el freno a la Suprema Razón en que se refugia la burocracia estatal. El Parlamento, a la vez, ostenta la mayor legitimidad de origen de entre los tres poderes del Estado, y la del Ejecutivo y el Judicial lo es por derivación de aquel. Las relaciones entre Parlamento y Gobierno son conocidas. El segundo debe gozar de confianza del primero o cesar en sus funciones, a la espera de que se nombre un nuevo ejecutivo. El Poder Judicial, en cambio, mantiene una mayor independencia respecto del Parlamento, solo a través de los nombramientos de los miembros del CGPJ, el Tercer Poder, recibe cierta legitimidad democrática. Otro tanto, el único límite a sus funciones proviene de las leyes y no de la opinión pública. El Parlamento y el Ejecutivo se renuevan cada 4 años, pero el Poder judicial y sus componentes gozan de una estabilidad y permanencia en sus puestos que trasciende a la voluntad popular. Y ha de ser así para la pervivencia del Estado de Derecho. Atendido esto, también esta claro que el Parlamento es el sitio donde se supervisa y censura, con luz y taquígrafos, la actuación de los responsables públicos. Nadie negará la procedencia que pudiera tener que el representante del Poder Judicial, como cualquier otro miembro del aparato del Estado, acuda a expresarse al recinto de la soberanía nacional. En cualquier país de nuestro entorno esto seria algo de lo más normal, pero hace tiempo que en España nada lo es.

Las razones que mueven al PSOE de Rubalcaba ha pedir la comparecencia de Hernando no son las necesarias funciones de publicidad y control de los cargos públicos en una sociedad democrática (pensada mas bien para los miembros del Ejecutivo), sino una mas abyecta, conseguir sacar al máximo representante del Poder Judicial de su ámbito de actuación y acercarlo a la arena política, en ultima instancia situándolo al lado del Partido Popular y su intereses electorales. Para que ello sea posible es necesario escenificar el enfrentamiento entre los poderes Ejecutivo (con el amparo de la mayoría parlamentaria) y Judicial, con la polémica sobre la lucha antiterrorista de fondo. Las consecuencias de un enfrentamiento de este tipo son importantes en una democracia. Para no dañar a largo plazo las instituciones, el presidente del CGPJ se vería en la situación de presentar, inmediatamente, su dimisión. Esa y no otra era la estrategia de los socialistas, sabiéndose amparados por la legitimidad democrática que impide que no sea otra que la opinión publica a través de la elecciones la que los remueva del sitio. Hernando tenia, pues todas las de perder.

El enfado del PSOE es mayúsculo, y se ha traducido en graves acusaciones al, también, Presidente del Tribunal Supremo. De entre las dos decisiones posibles para Hernando, una, mas popular y rentable a corto plazo, que era acudir para decirle al gobierno lo que opina de su política antiterrorista, y dos, la mas institucional y profesional, no acudir y así salvaguardar la independencia del Poder Judicial, Hernando ha elegido la mas inteligente (aunque tal vez se haya movido mas por su orgullo personal, herido en demasiadas ocasiones) al evitar que se reprodujese en el Parlamento lo que no ocurre o debe ocurrir en la realidad judicial. Comparecer le hubiera costado el cargo o como poco la inhabilitación para posteriores procesos judiciales relacionados con el terrorismo.

Creo que Hernando tampoco debió acudir en diciembre del año pasado, a pesar de los insultos contra su persona, que no han cesado hasta el día de hoy. Aunque muchos tengamos la tentación de exigir del Poder Judicial una mayor combatividad hacia el Gobierno, su campo de actuación son los tribunales, no el hemiciclo. Sacar a los jueces del ámbito del derecho para meterlos en el ámbito político es un error de procedimiento en democracia y acaba perjudicando al sistema más de lo que lo ayuda (el propio Hernando ha sido ejemplo de ello con alguna metedura de pata).

No puede atraerse a las instituciones del Estado a papeles extraconstitucionales (como recuerda el propio comunicado de Hernando), e incluso extranaturales, pues la labor del Poder Judicial no es hacer la oposición política al Gobierno, sino aplicar e interpretar razonadamente la ley, que es lo que ha hecho el Tribunal Supremo. Y eso debería bastar a un Gobierno que se llama a si mismo democrático.