El como afrontar la responsabilidad de los políticos y cargos públicos es una obsesión de la democracia española desde comienzos de la Transición. Distintas formulas han sido debatidas mientras seguimos conviviendo con un sistema en el que lo único posible es apelar a la conciencia del implicado. Personalmente creo que es posible modificar el rumbo actual que separa cada vez mas la ciudadanía y sus representantes y es lo que pretendo hacer comprender al lector con esta articulo. La excusa perfecta para terciar en el debate me la da la reprobación parlamentaria sufrida por el parlamentario del Grupo Popular y ex Ministro de Defensa, Federico Trillo, en la Comisión de Defensa del Congreso, a razón de su gestión del accidente sufrido por el avión de transporte militar Yakolek-42 el 23 de mayo de 2003 en el que murieron 62 soldados españoles de regreso tras su servicio en Afganistán. Además los últimos días se ha tenido la oportunidad de recordar en suceso tras la muerte de 17 soldados españoles destinados en Afganistán tras estrellarse su helicóptero y que ha puesto al gobierno socialista ante la realidad de la labor que el ejercito español cumple y esta destinado a cumplir aun más en el futuro. Todavía no están claras las circunstancias por las que el helicóptero (modelo Cougar) se precipito contra el suelo, sin embargo el Ministro ha dado una explicacion lo suficientemente abierta para no pillarse los dedos cuando se conozca el resultado final de la investigación oficial. Lo importante es que los políticos sean conscientes de que su labor es dar respuesta a las demandas de los ciudadanos y ser eficaces en su gestión, no la de lucir palmito para ser los mejor valorados en las (tan poco fiables) encuestas de opinión. Recordemos que, como Bono, Trillo era muy popular hasta el accidente del Yak. Bono puede hacer todas las exhibiciones publicas que quiera (la montada en su desplazamiento a Afganistán es una mas y de nota) pero si finalmente aparecen pruebas de que el Cougar sufriera un ataque (aunque no recibiese un impacto directo podría haberse visto forzado a realizar una maniobra que finalmente le llevara a caer) la tormenta política que se desataría le pondría ante circunstancias similares a las que se encontró Federico Trillo y el Gobierno del Partido Popular. Le salva que el comportamiento del principal partido de la oposición seguramente no seria el mismo.
Antes de continuar debería hacer mención al titulo de la anotación y su significado. Por si no estuviera claro, no me refiero al concurso típico de televisión en el que unas personas anónimas, con un mayor o menor coeficiente intelectual, compiten por unos míseros (o no tan míseros) euros. Aunque en cierto modo lo escenificado en el Congreso con el caso Trillo no esta tan lejos. La “lotería” que es la reprobación parlamentaria en España la hace digna del ¡Allá Tu! de Jesús Vázquez, tu suerte depende de los números (en este caso de la aritmética parlamentaria) como en Cifras y Letras, y no importa lo mucho que sepas (como en Saber y Ganar) sino lo rápido que respondes (Pasa Palabra). Al concurso al que me estoy refiriendo es, en realidad, al concurso mercantil: aquel procedimiento bajo supervisión judicial al que se someten los empresarios y comerciantes cuando no pueden hacer frente a sus deudas, y que desde la reforma de 2003 engloba en una sola figura al concurso de acreedores, la quiebra, la suspensión de pagos y la quita y espera (estos términos son familiares para los juristas, aunque no creo que resulten desconocidos para el publico en general). Es mi intención comparar los dos modelos que en origen se dieron para el concurso y relacionarlos con el tratamiento de la responsabilidad política, comparación que el lector comprenderá según avance en la lectura, pues ambos modelos concúrsales son reflejos en su ámbito especifico de dos formas diferentes de entender la realidad económica y social, y están en relación con la tradición liberal, el uno, y la tradición organicista y estatista, el otro.
Comenzando por el primer modelo. En los países latinos, el ejercicio de la actividad mercantil y comercial era vista en muchos casos como un mal necesario cuando no como una actividad no poco condenable moralmente. Los motivos, variados: el principal, el concepto de usura, el enriquecerse no a través del propio trabajo sino de la “especulación” con bienes ajenos, concepto que persistió durante un tiempo dentro de la tradición cristiana católica. No menos importante era la reacción negativa de la nobleza ante el alza de una nueva clase social (el germen de la burguesía) que se estableció en Europa durante el Renacimiento contando con sus propias normas (privadas) al margen el Derecho Feudal. Debido a estos y otros factores el trato al comerciante insolvente era especialmente severo. En general se consideraba que merecía una sanción publica por su conducta que suponía una valoración moral negativa de la misma y le colgaba el "San Benito" de por vida. En rl segundo modelo, el de los países anglosajones y del norte de Europa, como consecuencia de la influencia de la ética protestante (que se separaba de la concepción clásica de la usura) se desarrolla una actitud distinta hacia la labor del mercader. El comerciante era en estos países considerado un valor social, por tanto, cuando ante una situación de insolvencia (siempre que se entendiera como consecuencia de la actuación normal en el mercado) el comerciante recurría a los jueces declarándose insolvente, el procedimiento buscaba asegurar la máxima satisfacción de los créditos que hubiera contraído, facilitando el acuerdo con los deudores, lo que permitiría a este comenzar de nuevo la actividad comercial libre de carga ( y responsabilidad) alguna.
En resumen, en el primer modelo se mezclaba la responsabilidad de tipo civil, que únicamente afectaría a las relaciones que sobre la base de contrato mantuviese el comerciante con otras personas, con la responsabilidad de tipo penal, aquella que le afecta respecto de la sociedad en su conjunto, y que exige una sanción moral (a través del derecho penal). En el segundo modelo (el anglosajón) se procedió a separar ambos tipos de responsabilidades. Hay un paralelismo conceptual entre la concepción de la responsabilidad del comerciante y la responsabilidad de los políticos y que se relaciona con como debería ser entendida desde una ética política liberal, en linea con la tradición protestante o anglosajona de la misma.
En el caso de los políticos, la responsabilidad política, (un muy peculiar tipo de responsabilidad civil ante los ciudadanos, como si de dos partes de un contrato, en este caso el contrato electoral, se tratase) y la responsabilidad penal (por la comisión de hechos tipificados en el Código Penal) deben de estar claramente separadas. En el "caso Yakolek" (reconvertido en el “caso Trillo”) esa separación ha sido peligrosamente desvirtuada, hasta el punto de que el ex Ministro de Defensa ha quedado ante la opinión publica como si de un vulgar delincuente se tratase. No profundizare en el debate sobre si debió haber dimitido en su momento ante lo que parece una gestión desafortunada del accidente y los posteriores errores en la identificación de los cadáveres, seguramente de hacerlo se habría ahorrado el mal trago. En cambio, Trillo fue exculpado de cualquier responsabilidad penal por los jueces encargados de estudiar las denuncias contra él, presentadas por algunos familiares de las victimas culpabilizandole del accidente y de la identificacion erronea, archivándolas. Sin embargo, en la reunión de la Comisión de Defensa asistimos a un autentico linchamiento publico televisado, mas propio de las tertulias de Gran Hermano que de un foro serio como han de ser las Cortes Generales. Lo de Trillo no fue tan diferente de la reprobación que recibían los mercaderes en los países latinos de finales de la Edad Media y comienzos del Renacimiento. La intención no ha sido otra que destruir su carrera política e imagen pública extralimitando la responsabilidad que realmente le compete, de la misma forma que se destruía la carrera del comerciante insolvente.
El “caso Trillo” es solo un ejemplo mas que nos ilustra porque, en España, no funciona el modelo vigente de responsabilidad política: propicia que esta vaya unida a la responsabilidad de carácter penal, en perjuicio de lo que significaba originalmente. En España es costumbre que un político no dimita a menos que este inmerso en causa judicial penal incluso hasta que no se anuncia apertura de juicio oral, dejando en manos de la estructura interna de los partidos la decisión que debería ser personal. La explicación esta en la relación tan distante que ocupan los responsables públicos electos respecto de sus votantes (quienes no son otra cosa que sus acreedores en términos políticos), lo que se diluye el concepto de responsabilidad individual exclusivamente política. Los españoles no votamos directamente a nuestros políticos, sino que damos nuestra bendición a listas cerradas de adscripción partidista, por ello, el futuro de un representante electo depende mas de la disciplina de partido que del grado de compromiso demostrado con los votantes. Si cualquier político en circunstancias similares, y en ausencia de responsabilidad penal, supiese que de su actuación ante una crisis (dimisión o no incluida) se derivan consecuencias importantes para su elección futura estaría más pendiente de atender las demandas ciudadanas y menos de las opiniones de unos u otros, políticos o medios de comunicación. El político buscaría quedar en ”paz”, (“saldar la deuda de confianza”) con los votantes, para (como el empresario tras el concurso) poder continuar con su vida política libre de carga alguna. Es muy probable que en un sistema electoral donde esta premisa se siguiera, ni Trillo ni otros políticos, habrían recibido un trato inmerecido por la opinión publica, sino, ni más ni menos, del que ellos mismos se hagan merecedores.
¿Pero como articular un verdadero modelo de responsabilidad política en España? La solución pasa, en primer lugar, por la reforma del actual sistema electoral para que las listas electorales sean abiertas (listas que a su vez deberían ser elaboradas democráticamente por los afiliados y simpatizantes de los partidos políticos en cumplimiento del mandato constitucional que exige que las estructuras y funcionamiento interno de estos sean democráticos), o bien estableciendo un sistema de elección directa del diputado y, así, en cada una de las circunscripciones electorales se decida quien se desea que se convierta en su representante o diputado de forma similar a lo que se hace con la elección de los miembros del Senado (el numero de diputados por circunscripción en este caso será proporcional al numero de habitantes, a diferencia del Senado donde se elige el mismo número de representantes para cada circunscripción). Este modelo en cierta medida se asemejaría al modelo británico, donde los votantes son mucho más exigentes con sus representantes y estos no olvidan en manos de quien esta su vida publica. Aunque este modelo presenta también sus fallos no me cabe duda de que seria un paso importante para la regeneración de la democracia española, regeneración que, por desgracia, cuenta con la oposición de una parte importante de la "partitocracia" española.
Antes de continuar debería hacer mención al titulo de la anotación y su significado. Por si no estuviera claro, no me refiero al concurso típico de televisión en el que unas personas anónimas, con un mayor o menor coeficiente intelectual, compiten por unos míseros (o no tan míseros) euros. Aunque en cierto modo lo escenificado en el Congreso con el caso Trillo no esta tan lejos. La “lotería” que es la reprobación parlamentaria en España la hace digna del ¡Allá Tu! de Jesús Vázquez, tu suerte depende de los números (en este caso de la aritmética parlamentaria) como en Cifras y Letras, y no importa lo mucho que sepas (como en Saber y Ganar) sino lo rápido que respondes (Pasa Palabra). Al concurso al que me estoy refiriendo es, en realidad, al concurso mercantil: aquel procedimiento bajo supervisión judicial al que se someten los empresarios y comerciantes cuando no pueden hacer frente a sus deudas, y que desde la reforma de 2003 engloba en una sola figura al concurso de acreedores, la quiebra, la suspensión de pagos y la quita y espera (estos términos son familiares para los juristas, aunque no creo que resulten desconocidos para el publico en general). Es mi intención comparar los dos modelos que en origen se dieron para el concurso y relacionarlos con el tratamiento de la responsabilidad política, comparación que el lector comprenderá según avance en la lectura, pues ambos modelos concúrsales son reflejos en su ámbito especifico de dos formas diferentes de entender la realidad económica y social, y están en relación con la tradición liberal, el uno, y la tradición organicista y estatista, el otro.
Comenzando por el primer modelo. En los países latinos, el ejercicio de la actividad mercantil y comercial era vista en muchos casos como un mal necesario cuando no como una actividad no poco condenable moralmente. Los motivos, variados: el principal, el concepto de usura, el enriquecerse no a través del propio trabajo sino de la “especulación” con bienes ajenos, concepto que persistió durante un tiempo dentro de la tradición cristiana católica. No menos importante era la reacción negativa de la nobleza ante el alza de una nueva clase social (el germen de la burguesía) que se estableció en Europa durante el Renacimiento contando con sus propias normas (privadas) al margen el Derecho Feudal. Debido a estos y otros factores el trato al comerciante insolvente era especialmente severo. En general se consideraba que merecía una sanción publica por su conducta que suponía una valoración moral negativa de la misma y le colgaba el "San Benito" de por vida. En rl segundo modelo, el de los países anglosajones y del norte de Europa, como consecuencia de la influencia de la ética protestante (que se separaba de la concepción clásica de la usura) se desarrolla una actitud distinta hacia la labor del mercader. El comerciante era en estos países considerado un valor social, por tanto, cuando ante una situación de insolvencia (siempre que se entendiera como consecuencia de la actuación normal en el mercado) el comerciante recurría a los jueces declarándose insolvente, el procedimiento buscaba asegurar la máxima satisfacción de los créditos que hubiera contraído, facilitando el acuerdo con los deudores, lo que permitiría a este comenzar de nuevo la actividad comercial libre de carga ( y responsabilidad) alguna.
En resumen, en el primer modelo se mezclaba la responsabilidad de tipo civil, que únicamente afectaría a las relaciones que sobre la base de contrato mantuviese el comerciante con otras personas, con la responsabilidad de tipo penal, aquella que le afecta respecto de la sociedad en su conjunto, y que exige una sanción moral (a través del derecho penal). En el segundo modelo (el anglosajón) se procedió a separar ambos tipos de responsabilidades. Hay un paralelismo conceptual entre la concepción de la responsabilidad del comerciante y la responsabilidad de los políticos y que se relaciona con como debería ser entendida desde una ética política liberal, en linea con la tradición protestante o anglosajona de la misma.
En el caso de los políticos, la responsabilidad política, (un muy peculiar tipo de responsabilidad civil ante los ciudadanos, como si de dos partes de un contrato, en este caso el contrato electoral, se tratase) y la responsabilidad penal (por la comisión de hechos tipificados en el Código Penal) deben de estar claramente separadas. En el "caso Yakolek" (reconvertido en el “caso Trillo”) esa separación ha sido peligrosamente desvirtuada, hasta el punto de que el ex Ministro de Defensa ha quedado ante la opinión publica como si de un vulgar delincuente se tratase. No profundizare en el debate sobre si debió haber dimitido en su momento ante lo que parece una gestión desafortunada del accidente y los posteriores errores en la identificación de los cadáveres, seguramente de hacerlo se habría ahorrado el mal trago. En cambio, Trillo fue exculpado de cualquier responsabilidad penal por los jueces encargados de estudiar las denuncias contra él, presentadas por algunos familiares de las victimas culpabilizandole del accidente y de la identificacion erronea, archivándolas. Sin embargo, en la reunión de la Comisión de Defensa asistimos a un autentico linchamiento publico televisado, mas propio de las tertulias de Gran Hermano que de un foro serio como han de ser las Cortes Generales. Lo de Trillo no fue tan diferente de la reprobación que recibían los mercaderes en los países latinos de finales de la Edad Media y comienzos del Renacimiento. La intención no ha sido otra que destruir su carrera política e imagen pública extralimitando la responsabilidad que realmente le compete, de la misma forma que se destruía la carrera del comerciante insolvente.
El “caso Trillo” es solo un ejemplo mas que nos ilustra porque, en España, no funciona el modelo vigente de responsabilidad política: propicia que esta vaya unida a la responsabilidad de carácter penal, en perjuicio de lo que significaba originalmente. En España es costumbre que un político no dimita a menos que este inmerso en causa judicial penal incluso hasta que no se anuncia apertura de juicio oral, dejando en manos de la estructura interna de los partidos la decisión que debería ser personal. La explicación esta en la relación tan distante que ocupan los responsables públicos electos respecto de sus votantes (quienes no son otra cosa que sus acreedores en términos políticos), lo que se diluye el concepto de responsabilidad individual exclusivamente política. Los españoles no votamos directamente a nuestros políticos, sino que damos nuestra bendición a listas cerradas de adscripción partidista, por ello, el futuro de un representante electo depende mas de la disciplina de partido que del grado de compromiso demostrado con los votantes. Si cualquier político en circunstancias similares, y en ausencia de responsabilidad penal, supiese que de su actuación ante una crisis (dimisión o no incluida) se derivan consecuencias importantes para su elección futura estaría más pendiente de atender las demandas ciudadanas y menos de las opiniones de unos u otros, políticos o medios de comunicación. El político buscaría quedar en ”paz”, (“saldar la deuda de confianza”) con los votantes, para (como el empresario tras el concurso) poder continuar con su vida política libre de carga alguna. Es muy probable que en un sistema electoral donde esta premisa se siguiera, ni Trillo ni otros políticos, habrían recibido un trato inmerecido por la opinión publica, sino, ni más ni menos, del que ellos mismos se hagan merecedores.
¿Pero como articular un verdadero modelo de responsabilidad política en España? La solución pasa, en primer lugar, por la reforma del actual sistema electoral para que las listas electorales sean abiertas (listas que a su vez deberían ser elaboradas democráticamente por los afiliados y simpatizantes de los partidos políticos en cumplimiento del mandato constitucional que exige que las estructuras y funcionamiento interno de estos sean democráticos), o bien estableciendo un sistema de elección directa del diputado y, así, en cada una de las circunscripciones electorales se decida quien se desea que se convierta en su representante o diputado de forma similar a lo que se hace con la elección de los miembros del Senado (el numero de diputados por circunscripción en este caso será proporcional al numero de habitantes, a diferencia del Senado donde se elige el mismo número de representantes para cada circunscripción). Este modelo en cierta medida se asemejaría al modelo británico, donde los votantes son mucho más exigentes con sus representantes y estos no olvidan en manos de quien esta su vida publica. Aunque este modelo presenta también sus fallos no me cabe duda de que seria un paso importante para la regeneración de la democracia española, regeneración que, por desgracia, cuenta con la oposición de una parte importante de la "partitocracia" española.
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