Una vez mas, el Gobierno del PSOE ha vuelto a demostrar el grado de demagogia e ineficiencia que caracteriza su política de extranjería. Con la apertura del plazo extraordinario de regularización que permitiría legalizar a los casi, según cálculos del gobierno, 800.000 trabajadores inmigrantes (serian casi 1.500.000 si contamos a las familias de estos) en situación irregular (sin permiso de trabajo e incluso de residencia) si pueden demostrar su estancia en el país durante al menos el año anterior y con la simple presentación del contrato de trabajo.
Las cifras hasta el momento hablan de 300.000 inmigrantes que se han adherido a la iniciativa, sin embargo los 500.000 restantes siguen en estado irregular. A las dificultades para cumplir el primero de los requisitos, debido a que pocos de los inmigrantes están empadronados en alguna localidad de España, se ha unido la negativa de muchos empresarios a dar contratos a todos los trabajadores irregulares a su servicio. El gobierno se equivoco al pensar que se lanzarían a regularizar a todos y no se molesto en analizar minimamente el mercado laboral en que estos se mueven.
España viene sufriendo desde tiempos del franquismo una economía sumergida muy importante. La actitud hacia este fenómeno ha sido variada, pero en general casi todos los gobiernos han optado por la criminalización. La mayor parte de los trabajos que los inmigrantes realizan están orientados bien al sector de la construcción o del campo, bien a los servicios domésticos (limpieza, cuidado de ancianos o niños) trabajos que tradicionalmente tienen una baja productividad marginal (riqueza que genera individualmente por su trabajo) lo que se traduce en sueldos también bajos. El argumento esgrimido por la izquierda es que los empresarios explotan estos trabajadores, ignoran que pagar mas supone perder dinero, y eso seria incurrir en un “error por parte del empresario”.
Cuando se habla de que España tiene una gran demanda de puestos de trabajo que no ocupan los españoles se refiere a esos puestos de trabajo que nutren la economía sumergida. La opción que plantea el gobierno del PSOE es la de obligar a los empresarios a regularizar a todos esos trabajadores inmigrantes, no cuenta con que al hacerse cargo de impuestos y cuotas a la Seguridad Social el coste de cada trabajador se disparara, así, donde antes trabajaban 4 inmigrantes ahora trabajara solo 1 (que pasa a costar lo que 3 anteriores), mandando a la marginalidad al resto (caldo de cultivo para la delincuencia de los pequeños hurtos y el trafico de drogas). La consecuencia añadida será reducir la productividad total de las empresas afectadas, con la consiguiente perdida de beneficios e inversión. La evolución natural será que ese único trabajador de los cuatro que había antes también se quede en la calle cuando la empresa para la cual trabaje cierre. Otra opción que se le plantea al empresario es reducir el sueldo base (relacionado con la productividad marginal) para cubrir el total con las obligaciones estatales. El problema es que si estos sueldos de los inmigrante ya son bajos, no parece muy factible que estén dispuestos a percibir menos sueldo real sobre la base de unos posibles beneficios futuros (pensiones, jubilación). A la hora de optar entre comer hoy o mañana elegirían hoy. Lo mas probable es que estos inmigrantes busquen un empleador que este dispuesto a pagarles el sueldo original aunque sea de forma ilegal, de no hacerlo, el trabajador inmigrante estaría incurriendo en el llamado “error del trabajador” al aceptar un sueldo inferior a su productividad. Una tercera opción será dividir los sueldos en una parte legal y otra “en negro”, con lo cual seguiremos con el problema de la economía sumergida.
En conclusión, mientras no se adopte una reforma de la legislación laboral y de la seguridad social que reduzca las obligaciones de los empresarios y por tanto permita a cualquier empleador contratar libremente los trabajadores que necesite en las condiciones que razonablemente dicte el mercado, seguirán existiendo los mismos problemas. Esta regularización supone mantener la criminalización de gran cantidad de puestos de trabajo así como aumenta la marginalidad de aquellos que no podrán trabajar (Caldera aviso que no se tendría consideración alguna con el empresario que contratara ilegales) y redunda negativamente en la integración de los inmigrantes en nuestra sociedad. El Gobierno no debería preocuparse tanto de legalizar personas (estoy de acuerdo en que no se pongan tantas trabas a la inmigración) sino a legalizar contratos de trabajo, para eso no hacen falta periodos extraordinarios, sino medidas liberalizadoras.
Las cifras hasta el momento hablan de 300.000 inmigrantes que se han adherido a la iniciativa, sin embargo los 500.000 restantes siguen en estado irregular. A las dificultades para cumplir el primero de los requisitos, debido a que pocos de los inmigrantes están empadronados en alguna localidad de España, se ha unido la negativa de muchos empresarios a dar contratos a todos los trabajadores irregulares a su servicio. El gobierno se equivoco al pensar que se lanzarían a regularizar a todos y no se molesto en analizar minimamente el mercado laboral en que estos se mueven.
España viene sufriendo desde tiempos del franquismo una economía sumergida muy importante. La actitud hacia este fenómeno ha sido variada, pero en general casi todos los gobiernos han optado por la criminalización. La mayor parte de los trabajos que los inmigrantes realizan están orientados bien al sector de la construcción o del campo, bien a los servicios domésticos (limpieza, cuidado de ancianos o niños) trabajos que tradicionalmente tienen una baja productividad marginal (riqueza que genera individualmente por su trabajo) lo que se traduce en sueldos también bajos. El argumento esgrimido por la izquierda es que los empresarios explotan estos trabajadores, ignoran que pagar mas supone perder dinero, y eso seria incurrir en un “error por parte del empresario”.
Cuando se habla de que España tiene una gran demanda de puestos de trabajo que no ocupan los españoles se refiere a esos puestos de trabajo que nutren la economía sumergida. La opción que plantea el gobierno del PSOE es la de obligar a los empresarios a regularizar a todos esos trabajadores inmigrantes, no cuenta con que al hacerse cargo de impuestos y cuotas a la Seguridad Social el coste de cada trabajador se disparara, así, donde antes trabajaban 4 inmigrantes ahora trabajara solo 1 (que pasa a costar lo que 3 anteriores), mandando a la marginalidad al resto (caldo de cultivo para la delincuencia de los pequeños hurtos y el trafico de drogas). La consecuencia añadida será reducir la productividad total de las empresas afectadas, con la consiguiente perdida de beneficios e inversión. La evolución natural será que ese único trabajador de los cuatro que había antes también se quede en la calle cuando la empresa para la cual trabaje cierre. Otra opción que se le plantea al empresario es reducir el sueldo base (relacionado con la productividad marginal) para cubrir el total con las obligaciones estatales. El problema es que si estos sueldos de los inmigrante ya son bajos, no parece muy factible que estén dispuestos a percibir menos sueldo real sobre la base de unos posibles beneficios futuros (pensiones, jubilación). A la hora de optar entre comer hoy o mañana elegirían hoy. Lo mas probable es que estos inmigrantes busquen un empleador que este dispuesto a pagarles el sueldo original aunque sea de forma ilegal, de no hacerlo, el trabajador inmigrante estaría incurriendo en el llamado “error del trabajador” al aceptar un sueldo inferior a su productividad. Una tercera opción será dividir los sueldos en una parte legal y otra “en negro”, con lo cual seguiremos con el problema de la economía sumergida.
En conclusión, mientras no se adopte una reforma de la legislación laboral y de la seguridad social que reduzca las obligaciones de los empresarios y por tanto permita a cualquier empleador contratar libremente los trabajadores que necesite en las condiciones que razonablemente dicte el mercado, seguirán existiendo los mismos problemas. Esta regularización supone mantener la criminalización de gran cantidad de puestos de trabajo así como aumenta la marginalidad de aquellos que no podrán trabajar (Caldera aviso que no se tendría consideración alguna con el empresario que contratara ilegales) y redunda negativamente en la integración de los inmigrantes en nuestra sociedad. El Gobierno no debería preocuparse tanto de legalizar personas (estoy de acuerdo en que no se pongan tantas trabas a la inmigración) sino a legalizar contratos de trabajo, para eso no hacen falta periodos extraordinarios, sino medidas liberalizadoras.
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