Lo primero que vendrá a la mente del lector es “este chico se ha vuelto loco" –conste que no lo descarto-, con la que hay montada con los nacionalismos periféricos y no tan periféricos, como va a encontrarse en el sistema que ha propiciado estos conflictos, al mismo tiempo, la solución de los mismos. No toca hoy extenderse en explicar las posibles virtudes del modelo de descentralización política (en contraste con unl modelo centralista tipo jacobino), me limitare a una de ellas: la competencia entre los gobiernos y entes territoriales y central.
Son ciertos los defectos del sistema autonómico para cumplir con el principio de igualdad de los españoles en todo el territorio nacional, y aun menos innegable que tales defectos han supuesto la creación de elites políticas y órganos territoriales que cercenan la libertad individual de los gobernados. La desaparición del gobierno central en múltiples materias ha ido aparejada a un aumento de poder de los entes territoriales en el ámbito autonómico que no se corresponde con la salvaguarda de la libertad e igualdad de los ciudadanos ante la ley. También es verdad que la vulneración de la Constitución ha sido ley no escrita promovida desde el legislador nacional y los tribunales de justicia (en especial, por bastante de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional).
Que a todo esto haya que darle solución mas pronto que tarde es algo que no puede ser negado, pero como ello exigirá un proceso a medio / largo plazo (reformas constitucionales acuerdos PP/PSOE, consulta ciudadana exhaustiva), debe, por tanto, existir, dentro del sistema, alguna forma de contrapesar la influencia centrífuga y liberticida. Últimamente lo he estado dando vueltas y he llegado a la conclusión de que la respuesta a corto plazo ha de venir de los propios entes territoriales, en concreto, de aquellos que quieran resistirse a la disgregación de España y estén dispuestos a luchar por los principios de libertad e igualdad. Es en esta competencia entre entes territoriales –los centrífugos y los constitucionalistas- desde donde hay que plantar batalla. Si esta complicada la reconquista del poder por fuerzas claramente alineadas con la Constitución en aquellos territorios centrífugos, el esfuerzo más inmediato correrá a cargo de los que están ya en situación de ejercer el mandato de ser poderes públicos derivados de la constitución. En ausencia de poder central -imaginemos que este se hubiera vuelto despótico- alguien tendría que coger el testigo.
Es en dos de las materias más fundamentales, Sanidad y Educación, donde el efecto negativo de la trasferencia competencial puede ser contrarrestado, en ese corto plazo, no desde posiciones centralistas, sino autonómicas. A tal tarea se han puesto manos a la obra ya algunas Comunidades autónomas lideradas por el PP. A la mas que correcta gestión de la Sanidad, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, tenemos que añadir la ultima actuacion conjunta de los Consejeros de Educación del Partido Popular, quienes plantarán cara al desafió educativo español (adoctrinamiento nacionalista y fracaso del igualitarismo del gobierno central) con una política que recoja los principios que desde esta y otras paginas y bitácoras venimos reclamando como básicos para que sea efectiva, genere ciudadanos libres y no súbditos o carne de cañón ideologizada. La tarea no es sencilla y exijirá que las directrices explicadas por Ana Pastor se lleven efectivamente acabo. Contaran con el apoyo de muchos de los habitantes de sus comunidades, quienes también estarán vigilantes para que cumplan las promesas hechas en sede parlamentaria.
Todavía, sin embargo no he explicado en que es beneficioso esto para el proyecto global. Primero, ayudara a reconstruir la base intelectual y social de amplias regiones de España. Segundo, servirá para contrastar los modelos de unas y otras, testando fallos y posibilitando un mejor servicio. Tercero, dejara de vacío la LOE (y cualquier modelo estatal mas o menos parcheado que sea heredero de la LOGSE) para amplios sectores de la población. Cuarto, en los entes territoriales nacionalistas pronto veremos decaer sus modelos educativos por falta de competitividad y eficacia, esto propiciaría, bien la revuelta entre sus aliados y electores más circunstanciales o bien el desprestigio de la propia economía y cultura de la región, con idéntico resultado, todo ello favorable para las Comunidades que sigan un modelo exigente y no manipulador de individuos. Quinto, pondrá en un brete al actual gobierno de la nación que vera a una de sus leyes estrellas derrotada a pesar de ser aprobada en el Parlamento. Y sexto, si ha esto añadimos un cambio futuro en el gobierno nacional que hiciera recapacitar a amplios sectores del PSOE, tendríamos una base fuerte y modélica con la que iniciar las reformas mas profundas del sistema.
No quisiera terminar sin dar una de cal. Esta vez dirigida a las sombras de la propuesta. La principal ya la he mencionado, que no se quede en agua de borrajas y mera estrategia electoralista, y desde aquí me comprometo a estar vigilante, en la medida de mis capacidades y medios. Secundariamente, pero no por ello menos importante, la responsabilidad que ha de asumir el PP en la situación creada en Comunidades como Galicia y Valencia, gobernadas durante mas de una década por gobiernos de la derecha y en las que se ha permitido y, lo que es peor, promocionado activamente la inversión lingüística y el mito nacionalista. Es hora de que el PP demuestre ese compromiso con la Constitución y los derechos de todos los españoles que dice pretender liderar Mariano Rajoy. Recemos porqué así sea y salga bien.
Son ciertos los defectos del sistema autonómico para cumplir con el principio de igualdad de los españoles en todo el territorio nacional, y aun menos innegable que tales defectos han supuesto la creación de elites políticas y órganos territoriales que cercenan la libertad individual de los gobernados. La desaparición del gobierno central en múltiples materias ha ido aparejada a un aumento de poder de los entes territoriales en el ámbito autonómico que no se corresponde con la salvaguarda de la libertad e igualdad de los ciudadanos ante la ley. También es verdad que la vulneración de la Constitución ha sido ley no escrita promovida desde el legislador nacional y los tribunales de justicia (en especial, por bastante de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional).
Que a todo esto haya que darle solución mas pronto que tarde es algo que no puede ser negado, pero como ello exigirá un proceso a medio / largo plazo (reformas constitucionales acuerdos PP/PSOE, consulta ciudadana exhaustiva), debe, por tanto, existir, dentro del sistema, alguna forma de contrapesar la influencia centrífuga y liberticida. Últimamente lo he estado dando vueltas y he llegado a la conclusión de que la respuesta a corto plazo ha de venir de los propios entes territoriales, en concreto, de aquellos que quieran resistirse a la disgregación de España y estén dispuestos a luchar por los principios de libertad e igualdad. Es en esta competencia entre entes territoriales –los centrífugos y los constitucionalistas- desde donde hay que plantar batalla. Si esta complicada la reconquista del poder por fuerzas claramente alineadas con la Constitución en aquellos territorios centrífugos, el esfuerzo más inmediato correrá a cargo de los que están ya en situación de ejercer el mandato de ser poderes públicos derivados de la constitución. En ausencia de poder central -imaginemos que este se hubiera vuelto despótico- alguien tendría que coger el testigo.
Es en dos de las materias más fundamentales, Sanidad y Educación, donde el efecto negativo de la trasferencia competencial puede ser contrarrestado, en ese corto plazo, no desde posiciones centralistas, sino autonómicas. A tal tarea se han puesto manos a la obra ya algunas Comunidades autónomas lideradas por el PP. A la mas que correcta gestión de la Sanidad, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, tenemos que añadir la ultima actuacion conjunta de los Consejeros de Educación del Partido Popular, quienes plantarán cara al desafió educativo español (adoctrinamiento nacionalista y fracaso del igualitarismo del gobierno central) con una política que recoja los principios que desde esta y otras paginas y bitácoras venimos reclamando como básicos para que sea efectiva, genere ciudadanos libres y no súbditos o carne de cañón ideologizada. La tarea no es sencilla y exijirá que las directrices explicadas por Ana Pastor se lleven efectivamente acabo. Contaran con el apoyo de muchos de los habitantes de sus comunidades, quienes también estarán vigilantes para que cumplan las promesas hechas en sede parlamentaria.
Todavía, sin embargo no he explicado en que es beneficioso esto para el proyecto global. Primero, ayudara a reconstruir la base intelectual y social de amplias regiones de España. Segundo, servirá para contrastar los modelos de unas y otras, testando fallos y posibilitando un mejor servicio. Tercero, dejara de vacío la LOE (y cualquier modelo estatal mas o menos parcheado que sea heredero de la LOGSE) para amplios sectores de la población. Cuarto, en los entes territoriales nacionalistas pronto veremos decaer sus modelos educativos por falta de competitividad y eficacia, esto propiciaría, bien la revuelta entre sus aliados y electores más circunstanciales o bien el desprestigio de la propia economía y cultura de la región, con idéntico resultado, todo ello favorable para las Comunidades que sigan un modelo exigente y no manipulador de individuos. Quinto, pondrá en un brete al actual gobierno de la nación que vera a una de sus leyes estrellas derrotada a pesar de ser aprobada en el Parlamento. Y sexto, si ha esto añadimos un cambio futuro en el gobierno nacional que hiciera recapacitar a amplios sectores del PSOE, tendríamos una base fuerte y modélica con la que iniciar las reformas mas profundas del sistema.
No quisiera terminar sin dar una de cal. Esta vez dirigida a las sombras de la propuesta. La principal ya la he mencionado, que no se quede en agua de borrajas y mera estrategia electoralista, y desde aquí me comprometo a estar vigilante, en la medida de mis capacidades y medios. Secundariamente, pero no por ello menos importante, la responsabilidad que ha de asumir el PP en la situación creada en Comunidades como Galicia y Valencia, gobernadas durante mas de una década por gobiernos de la derecha y en las que se ha permitido y, lo que es peor, promocionado activamente la inversión lingüística y el mito nacionalista. Es hora de que el PP demuestre ese compromiso con la Constitución y los derechos de todos los españoles que dice pretender liderar Mariano Rajoy. Recemos porqué así sea y salga bien.
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