Sobre el boicot a los productos catalanes (2 de 2)

¿Qué es el boicot? Un acto politico legitimo en democracia.

Llegados al punto clave de nuestro análisis donde definiremos el boicot como “acto democrático [*] de protesta cívica”, y demostraremos el porqué es legitimo, al estar "amparado por el derecho a la libertad de expresión y opinión".

Resumamos lo hasta ahora dicho:
-No es un acto antimercado. No se boicotea el mercado ni afecta a la libre competencia.
-Pero tampoco es un acto soberano del consumidor. No tiene nada que ver con los derechos del individuo en el mercado.
-No es un acto de desobediencia civil. No es contra el Estado y se realiza dentro del orden jurídico.
-Es un acto político democratico, dirigido contra empresarios catalanes que han firmado una carta-manifiesto a favor del Estatuto Catalán para que sea aprobado tal cual. Es un acto que encaja directamente con el derecho a la libertad de expresión, derecho político, a expresar la discrepancia con la actitud de otros individuos frente al poder político y los asuntos públicos.


¿Es justo y legítimo el boicot político?.

En los siguientes subapartados expondré los principales elementos en los que apoyar la justicia y legitimidad de esta tesis.

1. La soberanía del ciudadano democrático.

Junto al boicot del consumidor, derivado de la soberanía del consumidor en el mercado, tenemos el boicot político, derivado de la soberanía del ciudadano en una sociedad democrática .

Resulta sorprendente que a estas alturas haya que explicar donde reside la soberanía de una nación, que no es en otro sitio que en el pueblo representado en cada uno de los individuos que lo forman. Son estos los que poseen los derechos y quienes los ejercitan. Esa es la base del sistema democrático. La soberanía del ciudadano democrático implica el derecho a que su voz sea escuchada al discutir sobre los asuntos públicos y actuar en consecuencia con dicha opinión dentro de los limites que marca el sistema y respetando el mismo derecho para los demás.

2. Lo publico y lo privado y los derechos asociados.

Habremos de diferenciar dos ámbitos de actuación de los individuos / consumidores y empresas. El privado (actuación en el mercado) y el público (actuación en el ámbito político). Según nos encontremos en uno u en otro, tanto empresas como individuos / consumidores, tendrán unos derechos y unas responsabilidades.

La firma del manifiesto por los empresarios catalanes excede los deberes de un empresario como operador en el mercado (proveer de productos y servicios a los consumidores), entre los cuales no se encuentra hacer campañas políticas. Si las hace, deja de estar amparado por sus derechos de mercado (derecho a no ser perturbado en su actividad empresarial, o lo que es lo mismo, el derecho a la libre competencia).

El empresario se sitúa fuera del ámbito de mercado y salta a la arena de la política. Sus derechos en el mercado no cuentan, solo sus derechos en la arena política.

Los puntos 1 y 2 nos sirven para apoyar las anteriores explicaciones sobre lo que no es el boicot, en especial apoya la idea de que el boicot del que hablamos nunca podrá calificarse de acto antimercado, ni anticompetitivo -hemos traspasado ese ámbito-. De igual forma, defender el derecho de los ciudadanos al boicot no encontrara un sustento suficiente en sus derechos como consumidores, sino en sus derechos como ciudadanos, en su soberanía como ciudadano de una sociedad democrática.

3. El derecho a la Libertad de Expresión y Opinión.

Como no. El Derecho más fundamental en toda democracia es el derecho a la libertad de Expresión y de Opinión. Si tenemos en cuenta que la firma del manifiesto hace sospechar de la existencia obscuros intereses relacionados con componendas y favores, presentes o futuros, por parte de los poderes públicos catalanes para con determinados empresarios, y que significa el apoyo a un proyecto que en opinión de muchos ataca directamente los principios constitucionales de convivencia, la denuncia civil del Estatut y de los que lo apoyan se encuadra dentro del legitimo derecho a la libertad de expresión. El boicot (la invitación a no comprar determinados productos) se trata, por tanto, de un acto de contenido político de los individuos -no como consumidores sino como ciudadanos- contra otro acto político –de algunos empresarios catalanes-, y eso, es legitimo en democracia.

Ahora, las condiciones del Boicot político para ser legitimo esta en que debe limitarse a aquellos empresarios que firmaron el manifiesto o se hayan pronunciado favorablemente sobre el texto. No puede responsabilizarse al conjunto de empresarios catalanes y sus productos como señalamos en la primera entrega de este análisis.

4. La coacción sobre el empresario.

El ultimo elemento a analizar es la posible existencia de coacción sobre el empresario y si la misma estaría legitimada por las circunstancias:

a) ¿Existe coacción?. En tanto entendamos que el acto de no comprar esta dirigido a cambiar la voluntad del empresario catalán perjudicando sus intereses nos encontraremos ante un supuesto de coacción. La coacción la ejerce el ciudadano al no comprar. Quien en ningún caso coacciona a nadie son aquellos sujetos que se limiten a informar sobre el boicot.

b) ¿Esta legitimada?. Si entendemos que la manifestación política de estos empresarios nos perjudica como ciudadanos (ámbito publico) estaremos tan legitimados para esta coacción, es decir, no comprar, como si sus productos y servicios nos perjudicaran como consumidores (ámbito privado).


CONCLUSIÓN

Si nos fijamos en la asimetría existente entre empresas e individuos particulares para influir en la opinión publica, esta soberanía del ciudadano democrático es fundamental para la salud del sistema y el aseguramiento de la libertad individual. Este tipo de boicots políticos son el único mecanismo de presión que tiene el ciudadano en una sociedad democrática para cambiar opiniones publicas de las empresas. Los empresarios podrán decidir entre mantener su apoyo al Estatuto, exponiéndose a que mucha gente no compre sus productos -cuando en condiciones normales si lo harían- o valorar retirarlo, en cuyo caso el boicot político dejara de ser legitimo y necesario.

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Apendice: Cuestiones complementarias:

1) Las personas individuales y los representantes de asociaciones empresariales como objetivos del boicot.

Una cuestión que surge al repasar los nombres de los firmantes del manifiesto son los efectos de la presencia de personas a titulo individual como son los consejeros de empresas nacionales y no catalanas, así como de la presencia de representantes o cargos de asociaciones de empresarios catalanes (PYMES, Cámara de Comercio de Barcelona).

Consejeros o representantes de empresas a titulo individual: una medida legitima, en un primer momento, seria la de pedir la destitución de estos señores a las empresas que los tiene entre sus representantes, mediante el envío de cartas, mails o anuncios públicos donde se denuncie la situación y se obligue a la empresa a pronunciarse sobre ella. En caso de no surtir efecto (no haya pronunciamiento de la empresa, ni destitución o cambio de opinión del consejero) el boicot a los productos de esta empresa nacional y no catalana también seria legitimo.

Representantes de asociaciones de empresarios: misma táctica de protesta ante los órganos de la asociación, obligando a que esta se pronuncie sobre si la adhesión es a título individual o de la asociación. De no existir pronunciamiento o serlo de apoyo a la postura también seria legitimo el boicot de los productos de aquellos miembros de la asociación que no hayan expresado su oposición.

2) Diferencia entre boicots entre individuos y boicots entre Estados.

Nuevamente tenemos que aclarar algo sobre los derechos. Ni el Estado, ni los representantes públicos poseen los mismos derechos (o no pueden ejercerlos en idéntico grado) que los ciudadanos (de hecho, el Estado no posee derecho alguno solo potestades derivadas de la ley). Ya hemos comentado en otro momento que el Ministro Montilla, como representante publico, no tiene libertad de expresión para criticar a los medios de comunicación. El Estado tampoco tiene, por tanto, derecho a boicotear a las empresas.

Esta reflexión viene a colación por la campaña de la Generalidad catalana dedicada a perseguir a los empresarios catalanes que no rotulan en catalán, y la consiguiente publicación de listados de los infractores así como listados sobre catalanidad de los productos (como la recientemente “desaparecida” web de “Omnium Cultural”). Estas prácticas de los poderes públicos catalanes son ilegitimas, y, desde la ética liberal, procederá, frente a ellas, la desobediencia civil.

Mas complejo es el tema de los boicots entre estados, mas conocidos como embargos comerciales. En cualquier caso excede nuestro tema central, por lo que queda apartado para otra ocasión.

3) Soberanía del consumidor catalán y la soberanía del consumidor español. Una confrontación de poderes civiles.

Distinto de todo lo estudiado -aunque volviendo sobre algunas ideas ya expuestas- la situación en que, libremente, los consumidores catalanes no quisieran comprar a comercios que rotulen en castellano, eso si es soberanía del consumidor (siempre y cuando no se organicen con fines anticompetitivos). Ese mismo derecho corresponde a los ciudadanos del resto de España si deciden no comprar productos etiquetados en catalán (condiciones del producto).

Vemos que el boicot del consumidor puede ser tan “político” como el del ciudadano, sin embargo es en el segundo de ellos, el del ciudadano donde mayores garantías y amparo tiene el individuo.

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[*] A lo largo de la anotación haré hincapié en el adjetivo democrático, tomando como base de la argumentación el punto de vista de los liberales decimonónicos, quienes veían en la democracia un elemento de control del poder y una forma de que todos los ciudadanos pudieran participar de los asuntos públicos. Es decir, la democracia como régimen de opinión publica. Además, con ello, pretendo contrarrestar la argumentación de nacionalistas y socialistas (y también no socialistas) sobre el boicot como un acto antidemocrático.

Lo que no existe, no puede hacerte daño (maxima Jedi)

Barreda, sobre el incendio de Guadalajara.

Sobre el boicot a los productos catalanes (1 de 2)

Tratare, en las en las próximas líneas, de demostrar 1) por qué es legitima la campaña de boicot contra los productos catalanes y, lo que es más importante, 2) bajo qué condiciones y en qué circunstancias ha de desarrollarse para serlo. Al tiempo intentare 3) establecer una definición de lo que es el boicot, y 4) recopilar algunas informaciones al respecto.

Una cuestión previa: contra qué y contra quiénes va dirigido el boicot.

Una cuestión que hemos de abordar antes de entrar en materia estriba en concretar contra quien esta dirigido el boicot. Para ello debemos remontarnos a los primeros momentos en que se empezó a hablar del mismo.

Un grupo de empresarios catalanes identificados con nombre y apellidos, y titulares de algunas de las más importantes empresas con sede en Cataluña, firman un manifiesto en apoyo del proyecto de nuevo Estatuto para Cataluña que estaba elaborando en aquellas fechas el Parlamento Catalán. El manifiesto, en realidad una carta dirigida al Presidente de la Generalidad, Pascual Maragall, destaca por la proclama con la que comienza "Volem un nou Estatut", esta fechada el 29 de Agosto de 2005 y fue publicada por la vanguardia del día 31 de Agosto. De inmediato surgen opiniones criticas con este acto. Algunas voces claman como forma de protesta cívica que se deje de comprar los productos de estas empresas como medio de presión sobre las mismas. Ante la perdida de clientela los empresarios matizan su posición diciendo que fueron obligados a firmar la Carta, sin embargo hasta el momento no se han desmarcado abiertamente de la misma, a pesar de que varias plataformas ciudadanas los hayan invitado a hacerlo.

Esto delimita el ámbito subjetivo de nuestro boicot. Porque debe limitarse a estos el boicot es cuestión de sentido común. No puede exigirse a nadie comportamientos heroicos como tampoco puede obligarse a los individuos ni a las empresas a involucrarse en política de forma activa y publica. Si, en cambio, puede exigirse que aquellos que quieran no convertirse en objeto de la política mantengan la neutralidad en el debate publico. Perder la neutralidad significa perder el anonimato en política y someterse a la critica.

Podemos sacar una primera conclusión: extender el boicot a todos los productos y productores catalanes con carácter general, y no individualizado en los firmantes del manifiesto es injusto.[*]

¿Qué no es el boicot?

Para contestar a una de nuestras cuestiones principales (que es el boicot)habremos necesariamente de pasar por el análisis de "que no es" el boicot.

a) No es un acto de desobediencia civil.

Para algunos el boicot es similar a supuesto de desobediencia civil, legitima desde la ética liberal. Esto no es correcto. La desobediencia civil constituye un acto contra el poder político y el Estado, contra los actos de quien posee el monopolio de fuerza o la fuerza mayor sobre o dentro de un territorio, actos que se consideran injustos. La desobediencia civil no se dirige contra las empresas y sus productos que no son Estado. Es un acto civil, de la sociedad civil frente al Estado, no entre miembros de esa sociedad civil.

La desobediencia civil conviene aclarar no es juridificable en modo alguno. Ningún ordenamiento juridico la reconoce porque se trata de un acto contra el propio ordenamiento jurídico. Lo mas parecido que hay es la objeción de conciencia (que sí es juridificable). La desobediencia civil es un acto extra-sistema (aunque eticamente legítimo) si queremos llamarlo así. Mi postura es que el boicot del que hablamos es un acto juridicamente legítimo y dentro del sistema.

b) No es un derecho derivado de la soberanía del consumidor en una economía de mercado.

Otra tesis propone el boicot como un derecho de los consumidores de bienes y servicios en una economía de libre mercado. Tampoco es correcta aunque nos adelanta el modelo que vamos a defender en esta anotación. El individuo no esta sencillamente oponiéndose a un determinado producto por sus características o por los modos de la empresa en su distribución o venta, que es lo que constituye su acto de soberanía como consumidor.

El derecho a no consumir lo que no se quiere consumir e incluso a denunciar públicamente determinados productos y productores que puedan afectar negativamente a otros consumidores es una forma legitima de distribuir información en el mercado. No esta en el animo de los boicoteadores el sancionar a las empresas en el mercado (aunque ese sea un efecto derivado del boicot) sino en hacerla cambiar su apoyo al Estatuto. El acto soberano del consumidor es solo la forma que toma el boicot, pero no se acaba en él. El boicot es, por tanto, algo mas, que le da una legitimidad de la que carecería en una situación normal de mercado.

c) No es un acto contra la libre competencia.

Es también necesario aclarar porque no se trata de un “acto anti-mercado” o “anti-competitivo que suponga la “vulneración de la libertad de empresa”. Existe la critica de que la actitud de boicot constituye un caso de vulneración de la libre competencia pues el consumidor deja de serlo para convertirse en operador económico. A parte de que el consumidor posee un derecho soberano en el mercado para convertirse en un acto anti-competitivo debería presentar unas características de las que carece nuestra propuesta de boicot.

En primer lugar, es necesario que se constituyan colectivos promotores del boicot, que puedan asumir una verdadera responsabilidad en el mercado. Por ejemplo una Asociación contra los productos Catalanes, o una web que promoviera el boicot de forma activa. En opinión de algunos juristas y economistas cuando el consumidor adquiere esta cualidad se transforma en operador económico con capacidad para altera la competencia ilegalmente. Es un actor que tiene cierto poder en el mercado pues desincentiva masivamente el consumo de un determinado producto.

Pero para que esto sea cierto será necesario que ejerza una coacción sobre el resto de consumidores, por ejemplo convocando manifestaciones frente a las oficinas y comercios de estas empresas, o mediante la persecución y acoso de los consumidores. Tal actitud convierte el acto de boicot en ilegitimo [**].

En nuestro caso, hoy por hoy, tal plataforma organizada no existe. Solo hay opiniones particulares, mas o menos extendidas, sobre si es legitimo o no que los individuos dejen de comprar productos que en otras circunstancias si comprarían. Tampoco se cumple el requisito de coacción sobre otros consumidores, quienes no ven impedidos mediante ninguna practica la compra de estos productos. El único sujeto coaccionado podría ser el empresario, del que se precisa que cambie su apoyo al Estatuto. Cuando estudiemos la legitimidad volveremos sobre esta posible coacción al empresario.

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[*] Una lista de las empresas vinculadas a los firmantes de la carta ya la reprodujo Daniel es su bitácora, donde también trató el tema. También la tienes aquí.
[**] Desde el derecho de la competencia se ha insistido en el carácter de operador económico con poder en el mercado, sin embargo en mi opinión es en el elemento coactivo sobre el resto de consumidores lo que hace devenir el acto en ilegal. Este tipo de boicot organizado impide comerciar al boicoteado (en este sentido es anti-competitivo) pero no puede demostrarse que el consumidor coaccionado vaya a comprar al competidor, por ello, lo verdaderamente importante es el efecto sobre el consumidor y no sobre las empresas.

Felices Fiestas a todos.

Antes que se me olvide. Os deseo a todos una feliz Noche Buena y Dia de Navidad acompañados por vuestros seres queridos. Y pido una oracion por aquellos que ya no estan y quisieramos que estuvieran. Donde quiera Dios que los tenga ahora, que la oigan. Felices fiestas y saludos liberales.

Así, no.

Discriminación positiva y corrección política en las aulas.

¿Está la salvación de España en el sistema autonómico?

Lo primero que vendrá a la mente del lector es “este chico se ha vuelto loco" –conste que no lo descarto-, con la que hay montada con los nacionalismos periféricos y no tan periféricos, como va a encontrarse en el sistema que ha propiciado estos conflictos, al mismo tiempo, la solución de los mismos. No toca hoy extenderse en explicar las posibles virtudes del modelo de descentralización política (en contraste con unl modelo centralista tipo jacobino), me limitare a una de ellas: la competencia entre los gobiernos y entes territoriales y central.

Son ciertos los defectos del sistema autonómico para cumplir con el principio de igualdad de los españoles en todo el territorio nacional, y aun menos innegable que tales defectos han supuesto la creación de elites políticas y órganos territoriales que cercenan la libertad individual de los gobernados. La desaparición del gobierno central en múltiples materias ha ido aparejada a un aumento de poder de los entes territoriales en el ámbito autonómico que no se corresponde con la salvaguarda de la libertad e igualdad de los ciudadanos ante la ley. También es verdad que la vulneración de la Constitución ha sido ley no escrita promovida desde el legislador nacional y los tribunales de justicia (en especial, por bastante de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional).

Que a todo esto haya que darle solución mas pronto que tarde es algo que no puede ser negado, pero como ello exigirá un proceso a medio / largo plazo (reformas constitucionales acuerdos PP/PSOE, consulta ciudadana exhaustiva), debe, por tanto, existir, dentro del sistema, alguna forma de contrapesar la influencia centrífuga y liberticida. Últimamente lo he estado dando vueltas y he llegado a la conclusión de que la respuesta a corto plazo ha de venir de los propios entes territoriales, en concreto, de aquellos que quieran resistirse a la disgregación de España y estén dispuestos a luchar por los principios de libertad e igualdad. Es en esta competencia entre entes territoriales –los centrífugos y los constitucionalistas- desde donde hay que plantar batalla. Si esta complicada la reconquista del poder por fuerzas claramente alineadas con la Constitución en aquellos territorios centrífugos, el esfuerzo más inmediato correrá a cargo de los que están ya en situación de ejercer el mandato de ser poderes públicos derivados de la constitución. En ausencia de poder central -imaginemos que este se hubiera vuelto despótico- alguien tendría que coger el testigo.

Es en dos de las materias más fundamentales, Sanidad y Educación, donde el efecto negativo de la trasferencia competencial puede ser contrarrestado, en ese corto plazo, no desde posiciones centralistas, sino autonómicas. A tal tarea se han puesto manos a la obra ya algunas Comunidades autónomas lideradas por el PP. A la mas que correcta gestión de la Sanidad, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, tenemos que añadir la ultima actuacion conjunta de los Consejeros de Educación del Partido Popular, quienes plantarán cara al desafió educativo español (adoctrinamiento nacionalista y fracaso del igualitarismo del gobierno central) con una política que recoja los principios que desde esta y otras paginas y bitácoras venimos reclamando como básicos para que sea efectiva, genere ciudadanos libres y no súbditos o carne de cañón ideologizada. La tarea no es sencilla y exijirá que las directrices explicadas por Ana Pastor se lleven efectivamente acabo. Contaran con el apoyo de muchos de los habitantes de sus comunidades, quienes también estarán vigilantes para que cumplan las promesas hechas en sede parlamentaria.

Todavía, sin embargo no he explicado en que es beneficioso esto para el proyecto global. Primero, ayudara a reconstruir la base intelectual y social de amplias regiones de España. Segundo, servirá para contrastar los modelos de unas y otras, testando fallos y posibilitando un mejor servicio. Tercero, dejara de vacío la LOE (y cualquier modelo estatal mas o menos parcheado que sea heredero de la LOGSE) para amplios sectores de la población. Cuarto, en los entes territoriales nacionalistas pronto veremos decaer sus modelos educativos por falta de competitividad y eficacia, esto propiciaría, bien la revuelta entre sus aliados y electores más circunstanciales o bien el desprestigio de la propia economía y cultura de la región, con idéntico resultado, todo ello favorable para las Comunidades que sigan un modelo exigente y no manipulador de individuos. Quinto, pondrá en un brete al actual gobierno de la nación que vera a una de sus leyes estrellas derrotada a pesar de ser aprobada en el Parlamento. Y sexto, si ha esto añadimos un cambio futuro en el gobierno nacional que hiciera recapacitar a amplios sectores del PSOE, tendríamos una base fuerte y modélica con la que iniciar las reformas mas profundas del sistema.

No quisiera terminar sin dar una de cal. Esta vez dirigida a las sombras de la propuesta. La principal ya la he mencionado, que no se quede en agua de borrajas y mera estrategia electoralista, y desde aquí me comprometo a estar vigilante, en la medida de mis capacidades y medios. Secundariamente, pero no por ello menos importante, la responsabilidad que ha de asumir el PP en la situación creada en Comunidades como Galicia y Valencia, gobernadas durante mas de una década por gobiernos de la derecha y en las que se ha permitido y, lo que es peor, promocionado activamente la inversión lingüística y el mito nacionalista. Es hora de que el PP demuestre ese compromiso con la Constitución y los derechos de todos los españoles que dice pretender liderar Mariano Rajoy. Recemos porqué así sea y salga bien.

Amenazar a Siria, atacar a Irán

Ya basta de pitorreo. Porque es un ya un autentico pitorreo el que se traen ambas naciones con la comunidad internacional. Desde la obsesión multiculturalista y aliancitaria de Occidente, este vuelve a comportarse como ya lo hizo en Afganistán, Irak y Sudan, mostrando impotencia y falta de arrojo para poner claras las cosas. No se trata de ir eliminando gobiernos despóticos de todo el Mundo, pero si de poner las cosas claras con aquellos países cuyo comportamiento con las naciones vecinas busca claramente la desestabilización.

Ya en su momento Siria se libro de sus responsabilidades en la Guerra del Líbano por mor de la consecución de una ¿paz? ¿estable? entre las comunidades musulmana y cristiana. El último episodio es el del asesinato, por medio de bombazo, del periodista cristiano, demócrata y prooccidental Gebran Tueni en lo que parece una nueva maniobra orquestada por los servicios secretos sirios para desestabilizar al régimen libanés. Ya tenemos el antecedente del asesinato del ex-presidente y líder de los libaneses cristianos Rafic Hariri el pasado 14 de febrero. La coincidencia del asesinato de Hariri con la publicación de un nuevo informe de la ONU sobre el asesinato de Hariri, el cual refuerza la autoría Siria es, por lo menos, significativa. Pero el problema Sirio no se acaba en el Líbano. Empieza ya en la continuidad ideológica y panarabista que el régimen baazista de Bachar Al Asad mantiene con respecto del Irak de Sadam Hussein, que además le ha valido la sospecha de ayudar a escapar a miembros de la Guardia Presidencial y los servicios de espionaje de Sadam, e incluso de dejar transito por su territorio a las armas de destrucción masiva todavía no encontradas. Se ha sido demasiado benevolente con Siria, y llega la hora de que el Consejo de Seguridad de la ONU lance un ultimátum claro para que abandone sus delirios expansionistas sobre el Líbano. Sin embargo, esto no servirá de nada si finalmente tienen que ser los EEUU quienes pongan freno a esta clarísima intromisión en los asuntos internos del Líbano.

El segundo avispero de problemas en Oriente Medio lo constituye Irán. A la continua intromisión en los asuntos internos de su vecino Irak, se añaden las amenazas de las semanas pasadas del flamante nuevo Presidente Iraní contra Israel y la reanudación de la construcción de un reactor nuclear, nuevamente con la excusa de un presunto uso civil. No nos engañemos, el régimen de los ayatolás no puede, en las actuales condiciones y hasta que Irak se haya estabilizado poseer capacidad nuclear de ningún tipo. Si necesita energía y medios tecnológicos para su desarrollo que negocie con Occidente posibles trasferencias, pero es innecesario el recurso a la tecnología nuclear que en ningún caso tendría verdaderos efectos sobre la producción y economías iraníes hasta dentro de mas de 10 o 15 años -tiempo en funcionar a pleno rendimiento de una central nuclear-. Sin embargo, como ocurrió en el caso de Corea del Norte, una vez la tecnología de uranio enriquecido (o cualquiera otra variante de posible uso militar) este a su disposición, la fabricación de una bomba atómica de baja potencia es cuestión de dos o, como mucho, tres años. Si Irán insiste en esta línea de actuación se exige una rápida respuesta de Occidente, que no puede ser otra que el bombardeo de tal central para su destrucción.

Los apaciguadores presuponen que esto seria peligroso para la estabilidad de la región. En mi opinión esto es falso, Irán no tiene ni capacidad militar ni estabilidad interna (con una sociedad civil donde el paro, afecta a un tercio de la población joven) para ello. No puede embarcarse en una contienda bélica, únicamente habremos de aguantar la acostumbrada retórica antioccidental, por otro lado habitual ya a diario, con mayor intensidad durante unos meses. A medio plazo, en cambio, servirá para poner a Irán en su sitio y centrado en sus asuntos internos.

Felicitación de Navidad de la Caixa

"La Caixa" le felicita estas Navidades y le desea un prospero año nuevo.

Porque no hay tregua de ETA

Ante tanta presunta negociación con ETA que nos llevaría a una salida al problema del terrorismo, y con riesgo de equivocarme, voy a especular un poco sobre porque ETA no declara una tregua. En mi opinión ETA nunca negociara una rendición, abandono de las armas, reintegración a la democracia o como lo quieran llamar, con o sin concesiones, como prefieran, con un gobierno de izquierdas español. La razón es sencilla, no pueden esperar que lo pactado permanezca en el tiempo. En España solo la derecha ha sido respetuosa con el régimen constitucional que le ha tocado en cada momento, hasta el punto de que solo la conculcación absoluta del mismo la ha llevado a reaccionar (este es el verdadero significado de reaccionario, el que reacciona frente algo). En su momento los “polimilis” pactaron con un Gobierno de centro-derecha. Así podría haber sido con el Gobierno de Aznar si no hubiera existido una intromisión en el proceso por parte del PNV que con el Pacto de Estella legitimara la trampa. Y estoy convencido que así habría sido de mantenerse la política antiterrorista que ha asfixiado y acorralado a ETA, de ganar el PP las elecciones de marzo de 2003. ETA no pactara nunca con un gobierno de izquierdas porque sabe que el acuerdo al que llegasen seria inasumible por gran parte de la sociedad española de tal manera que la derecha lo anularía nada mas llegar al poder.

Muy significativamente, ETA no pactaría nunca con José Luis Rodríguez Zapatero. Si es lista (que yo creo que lo es) sabe que no puede sacar de Zapatero un pacto que sea respetado por gobiernos futuros, porque en muchos aspectos esta cada dia mas cerca de ser un cadaver politico. Si ETA acaba, tengo la impresión que será solo con un gobierno de la derecha. Algo nos dice la experiencia, que en las guerras, solo se pacta la rendición con el enemigo si este es mas fuerte (si es enemigo). El gobierno del PSOE por desgracia es hoy por un aliado -¿inconsciente o consciente?- de los intereses de ETA. Para que pactar nada cuando ya se esta consiguiendo lo que se quiere.

Por eso creo no habrá tregua.

Respuesta a Savater (V)

5. Religión, Educación para la Ciudadanía y valores democráticos

¿Hay que educar a los ciudadanos?. La importancia de los principios y valores constitucionales.

Savater defiende la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EDC) en las escuelas publicas, concertadas y privadas por ser una asignatura neutral en materia ideológica y religiosa, destinada a educar en los valores y principios de convivencia a los españoles. Tal neutralidad es incierta, y responde a un modelo de comunidad política muy concreto, el modelo republicano, aunque para entender que significa este republicanismo -y adelantaremos algo en esta anotación- habrá que esperar a la sexta y ultima entrega de la serie.

Me sorprende de esta postura el eliminar de la educación de los ciudadanos la enseñanza concreta de la Constitución Española –acompañada de su necesaria dosis de critica y debate, como cualquier otra asignatura- a los niños. Este texto debería ser la más idónea herramienta para la integración de todos los españoles dentro de la comunidad política. Es ahí y no en otro sitio donde hay que buscar principios de convivencia. La observancia de los principios constitucionales, la defensa de los derechos fundamentales y el respeto a las instituciones políticas son los valores básicos para una Sociedad Civil. Claro que, esto seria lo razonable en un marco temporal y espacial no como el actual, donde no se menospreciase la Carta Magna por una parte importante de la sociedad -lo que dice cuan poco se creyeron muchos el espíritu de la transición- e hiciera innecesarios actos como este. El español medio, como he tenido oportunidad de constatar en múltiples ocasiones, vive en una ignorancia cuasi-absoluta sobre lo que dice su texto constitucional tras 25 años de vigencia aparente. Un Estado de Derecho potente y eficaz es el único instrumento que permite sostener una identidad nacional a medio-largo plazo y defender los derechos que son el fundamento de la comunidad política.

Si la EDC es una educación en valores exclusivamente laicos estaremos, también, violando la Constitución, pues como ya se ha recordado en esta serie, España se articula bajo un sistema de libertad religiosa y aconfesionalidad del Estado, y no de laicidad. Y si no sé esta de acuerdo, propóngase una Reforma Constitucional, pero lo que no puede hacerse es, a través del Parlamento (poder constituido), erigirse poder constituyente para cambiar la realidad social y constitucional. La religión también es en España un valor constitucional.

Educar a los ciudadanos en conceptos y realidades aconstitucionales es ingeniería social o despotismo, educar en valores constitucionales es cultura.

¿Que es y en que consiste la Educación para la ciudadanía?

La EDC es promovida desde las más altas instancias internacionales, la propuesta de la UNESCO(*) se refiere a una formación en valores democráticos y derechos humanos y recomienda que las políticas nacionales de educación sigan estas observaciones:

• Integrar en los libros de texto escolares los valores humanos que favorecen la realización de la paz, la cohesión social, y el respeto de los derechos humanos y de la dignidad humana.
• Sustituir los métodos de enseñanza tradicionales por métodos más participativos y Democráticos.
• Democratizar las estructuras internas de la escuela (participación de los niños en la vida escolar, creación de asociaciones escolares y consejos de alumnos, integración de medidas disciplinarias en el proceso de aprendizaje...).
• Velar por que la comunicación y la apreciación de la diversidad se practiquen de forma constructiva.
• Facilitar la práctica de los derechos por conducto de situaciones de la vida corriente. Es muy importante vincular a las escuelas con las comunidades locales y promover las actividades extraescolares.

No quisiera minusvalorar las creencias de estos idealistas democráticos, pero ¿Sobre qué estamos hablando?. Solo estos puntos estimulan una visión opuesta a las necesidades de la educación en España: disciplina y esfuerzo personal. Pues este es el modelo que ha permeado en los últimos años, en especial los continentes Europeo y Suramericano.

El Consejo de Ministros del Consejo de Europa, proclamo este año 2005 como Año Europeo de la Ciudadanía a través de la educación(**), con el fin de “poner de relieve cómo la educación juega un papel crucial en el desarrollo de la ciudadanía y la calidad de la participación en una sociedad democrática”. Por su parte la Organización de Estados Americanos dedica tiempo y recursos a la EDC democrática. Todas estas iniciativas son la respuesta de las democracias a los turbulentos años 90 y su proliferación es pareja al crecimiento de los movimientos contrarios a la globalización, el capitalismo y el liberalismo que buscan asaltar el Estado de Derecho.

La EDC esta plagada de frases y palabras como paz, diversidad social, interculturalismo, participación democrática activa, desarrollo sostenible, solidaridad... difícilmente concretables en sus contenidos pero que encajan muy bien en el modelo de relativismo democrático. De derechos individuales nada de nada. El planteamiento es viejo, todas las culturas y pueblos son legítimos, el debate y la convivencia entre ellos es lo bueno, y esto solo se da en una sociedad democrática donde todos estén representados en y a través de las instituciones. Este no es laicidad o laicismo sino el multiconfesionalismo que decía temer Savater. Desaparece la religión (cristiana) pero a cambio tenemos cientos de “religiones”, es decir, todas las opiniones que vengan en gana tener los “colectivos sociales democráticos” que por ser opiniones democráticas son legitimas. La democracia como procedimiento para los valores. Todos estos valores se presentan como consecuencia de la democracia, y no como debe ser, que la democracia es una de las consecuencias o valores (uno mas) del desarrollo de la libertad e igualdad. La propuesta de una EDC solo es entendible en Europa ya que la condición indispensable para su desarrollo, la democracia, es consecuencia los valores, previos, de libertad e igualdad de los hombres. No puede haber educación en la democracia donde no hay condiciones para la misma. El peligro es evidente, al prescindir de estos valores previos, la EDC abre la puerta a que Europa relativice aun más su sociedad frente a un difuso ideal democrático donde cabrían todos (¿?), pero también todo (¡!).

A la denuncia contra el relativismo se unen algunos profesores de filosofía. Estamos ante un modelo que prescinde de la ética y la filosofía disciplinas de conocimiento complementarias entre si. Su lugar lo ocupa la EDC como un único cuerpo ético y moral –si añadimos la eliminación de la religión- para una comunidad política democrática.

Podemos deducir que la EDC no es una educación “laica” (según entiende este concepto Claudio Magris) en valores, sino una “religión civil para la sociedad multicultural”. Disculpen la ordinariez, pero, menuda mierda.

No me extiendo mas en este punto, con los enlaces espero que el lector tenga suficiente para profundizar y formarse una opinión mas completa que lo aquí expuesto.

Una reflexión critica sobre los Derechos fundamentales y la verdad. El modelo Norteamericano.

La pretensión de explicar los valores constitucionales y los derechos del hombre como si la religión –en especial la cristiana- no tuviera nada que ver con ellos, en su origen y vigencia, demuestra una gran incomprensión de la historia y la sociología básicas. Savater nos da esta cita de Condorcet -revolucionario francés, miembro del partido girondino, alumno de Voltaire y precursor de las ideas de A. Compte-: “ni siquiera los derechos humanos pueden enseñarse como si estuvieran escritos en unas tablas descendidas de los cielos”. Las enseñanzas morales de la Iglesia no puedan reducirse a la expresión de dogmas de fe inaprensibles a la razón del estilo de la Santísima Trinidad. Si Savater quiere decir que en la interpretación de los derechos humanos la Iglesia prescinde de argumentos racionales, esta equivocado.

Pero lo verdaderamente interesante para nosotros de la posición de la religión no es la afirmación de la “divinidad” de los derechos del hombre, sino la consecuencia de esta posición. Es poco discutible que una hay sociedad o comunidad política no puede resistir la continua relativización de sus principios básicos de convivencia y seguir funcionando para todos. Al contrario, lejos de asegurarse un debate racional en la esfera publica se establecerá una situación de confrontación permanente. La sacralidad y universalidad de los derechos humanos puede no servir por si mismas para explicarlos, pero tienen un efecto legitimador de las sociedades libres. En este sentido resulta paradójico que un supuesto “fundamentalista cristiano” como el presidente George W. Bush sea quien más apueste porque la democracia se extiendan por el mundo árabe, y habitualmente se refiera en publica a como Islam y derechos humanos no son incompatibles. Son los partidarios del multiculturalismo, quienes están convencidos que aquello que ha funcionado en Occidente, ayudándole a alcanzar las más altas cuotas de prosperidad en la historia humana, nunca arraigara en otras culturas.

No es necesario que nadie crea en Dios, pero no es mala idea que actué en la vida publica como si este existiese, aunque solo fuese por respeto a quienes creen. Parece increíble que teniendo un modelo tan ejemplar como el norteamericano no reparemos mas a menudo en él y sigamos teniendo al laicismo Francés como ideal democrático. Un país que se ha construido a partir de continuas emigraciones desde todo el mundo, formado por gentes tan diversas en su cultura como creencias religiosas, y que mayoritariamente se consideran a sí mismas estadounidenses y ven reflejadas sus aspiraciones civiles en la Constitución. La Constitución de los EEUU no ignora el hecho religioso (libertad religiosa), separa las iglesias de las instituciones civiles y apela a Dios sin complejos para explicar los derechos fundamentales de sus ciudadanos. De hecho este recordatorio a Dios no se trata de una confesionalidad aunque en su mayoría los fundadores fueran cristianos, con el transcurso de los años todo nacional, practique la religion que practique religión, ve en aquel Dios una mención a la trascendencia, y en ello una razón para la sacraclidad y universalidad de esos derechos. Incluso muchos ateos y escépticos considera mejor hacer como si Dios existiera que abrir la puerta a la relativización de los principios de su comunidad política(***). Cuan lejos esta Europa de entender esto.

¿Enseñar religión en el siglo XXI?

Para reivindicar la enseñanza de la religión, tres cuestiones, brevemente:

Una. Piense el lector como el recurso al mito fue en las sociedades precristianas esencial para explicar los valores morales. La religión ha funcionado en épocas pasadas de la historia e la humanidad como recurso mítico, valido tanto para el que cree como para el que no. Para el que no cree, si ha desarrollado una completa educación, la valorara positivamente pues entiende lo que esta detrás del mito. Por ello no es tan raro que existan personas cultas y se digan ateas o agnósticas y compartan principios morales con los creyentes. Para el que cree, en el caso de no poseer una cultura amplia, simplifica enormemente la comprensión de cuestiones morales complejas. La religión no es el opio del pueblo como Marx apuntaba, sino la base cultural para la mayoría de la gente que no tiene tiempo, capacidad o ganas de convertirse en un erudito. Tampoco es muy discutible que en el desplazamiento de la religión en la formación de la moral publica están buena parte de las razones de la decadencia de Occidente. Aquella máxima “cuando el hombre no cree en Dios, cree en cualquier cosa” dice mucho mas de lo que parece a primera vista.

Dos. Ética civil (sobre todo la plasmada en las constituciones) y religión se presentan como antagonistas cuando son en realidad complementarias, y junto con la filosofía ayudan a conformar el “pensamiento moral y ético humano”. Su importancia es manifiesta, pues tratan de la razón de ser (el porque) de las cosas (ciencias éticas), a diferencia de las ciencias sociales (historia, derecho, economía) y las ciencias físicas (matemáticas, física, química o biología) cuyo objeto es el ser mismo de las cosas. Reducir el pensamiento humano a una cuestión de procedimiento como pretende la Educación para la Ciudadanía es un error inmenso. Las tres clases de “ciencia” deberían formar parte de las materias estudiadas en las escuelas por todos los alumnos.

Tres. La religión (en particular la cristiana y la judía que son las que han influido en el desarrollo de Occidente) no es solo un conjunto de normas y principios de organización social, también instituyen la idea de que en la historia humana este presente una entidad trascendente, y que la evolución del hombre es un camino que no puede ser separado de la ética y la moral, en definitiva de la eterna lucha y oposición entre el bien y el mal. Cosa que también parece ignorar la Educación para la Ciudadanía.

Conclusión.

Zapatero debería recoger y hacer suya la reflexión que el filosofo José Antonio Marina lanza desde las paginas del EL MUNDO(****):

“(...) Los niños no están bajo la tutela del Estado, sino de la sociedad entera. Este derecho es tan importante que todos los ciudadanos debemos implicarnos en su realización, y no solo pagando impuestos, sino cumpliendo con nuestros “deberes educativos”. Uno de ellos es pensar sosegada y rigurosamente sobre temas muy complejos. Por ejemplo, la enseñanza de la religión en la escuela publica. Todos los países de nuestro entorno –excepto Francia- la incluyen. ¿Por qué?”

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* En PDF.

** Mas información en http://www.educacionciudadania.mec.es/.
*** EEUU tambien ha tenido sus problemas con el multiculturalismo promovido desde las universidades

**** Suplemento "CRÓNICA", EL MUNDO, domingo 27 de diciembre de 2005.