La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) propone al Gobierno la aprobación de un nuevo canon impuesto, para lo menos entendidos, sobre las conexiones ADSL. La asociación de internautas ha puesto (con razón) el grito en el cielo, pues sus consecuencias son graves. Para muestra un botón:
o dos:
Los motivos para tomarla con el ADSL son muy simples. Como con la banda ancha los internautas pueden bajarse a mayor velocidad y en menor tiempo material de Internet que esta sujeto a derechos de autor pues todos (se bajen o no este tipo de materiales) deberán pagar un extra en sus tarifas. El servicio de ADSL en España es ya de por si caro bastante caro, tanto por el monopolio que, "de facto", tiene Telefónica sobre la telefonía fija en España, como por ser una tecnología en fase de expansión. El subir los precios del servicio (lo que ocurriría, inevitablemente, al repercutir las empresas suministradoras el coste del impuesto en las tarifas de sus clientes) podría afectar negativamente al desarrollo de la economía del país, al subir los costes de modernización y tecnologización de las empresas, tan necesarios para su crecimiento (y el de los salarios, dicho sea de paso). Las que ya estén tecnificadas tendrán que ajustar costes a un nuevo gasto, y las que no, se encontraran con una barrera de mercado más. Pero donde me parecen peores los efectos es para el consumidor común y corriente, el ciudadano de a pie, que desea integrarse en la “Sociedad de la Información” y ve como el coste de acceso se dispara. Me sorprende que un gobierno que se dice socialista y en pro de la igualdad, admita que se pongan mas trabas aun a las familias con menos ingresos para adquirir determinados bienes. A menos, claro esta, que se considere Internet un producto de lujo solo al alcance de niños ricos a quienes les gusta desafiar a la ley con descargas ilegales.
Mi segunda objeción es de indole jurídico, si bien es cierto que como liberal no puedo defender políticas impositivas que solo entorpecen y distorsionan de tal manera el funcionamiento libre del mercado, no mas cierto es que de haberlas deberían (y sobre la base de nuestro texto constitucional aun, si no se lo cargan antes, vigente) los impuestos deben ser exigidos y recaudados, así como gestionados y distribuidos los recursos obtenidos de ellos, por las instituciones publicas (en concreto por la Administración Tributaria) y de acuerdo a lo que las leyes establezcan. Me chirría especialmente en cuanto a su encaje en un Estado de Derecho que una institución de carácter privado tenga capacidad de decisión sobre las cargas impositivas, sobre su gestión y gasto. No estamos ante una entidad privada que cobra cuotas a sus socios, sino ante un ente privado que realiza actos reservados a los poderes públicos (por estar dirigidos a la generalidad de los ciudadanos) sin que estén claros los mecanismos de control ni las exigencias que debe la SGAE cumplir. Se imagina alguien que por ejemplo CCOO o UGT recaudaran un impuesto sobre transacciones realizadas por los clientes de los bancos, solo por que algunos trabajadores de esos bancos son afiliados suyos. Pues eso, que no se entiende.
A propósito de esto me viene a la memoria lo que mi profesor de Derecho de la Competencia (cuyo nombre no diré, pues es alguien conocido profesionalmente, que ha ocupado cargos públicos, y no quiero ponerle en un compromiso) nos contaba sobre el curioso sistema por el que funcionaba el canon por fotocopiadoras. Este canon (impuesto) consiste en que, todo aquel que quiera adquirir una fotocopiadora (y sus complementos, como los “toner” de tinta) debe de pagar, además del precio de mercado (aquí incluyo el IVA), un impuesto especial (el canon) por adquirir este tipo de material, con independencia de si es para un servicio de reprografía o para cualquier otro tipo de empresa o un particular. Las cantidades recaudadas por el canon van directamente a la SGAE la cual la distribuye entre los asociados. El canon, se supone esta pensado para compensar la perdida de ingresos por explotación que sufren los autores de libros, revistas, etc... por la copia de los mismos en estas maquinas (es decir, por no adquirirlos en tienda). Uno piensa que este canon beneficiara a aquellos que venden menos libros, bien por que sus libros son mas caros, más específicos en cuanto su publico o son menos distribuidos, pero no es así. La SGAE distribuye las cantidades sobre la base del numero de ventas (conozco muy pocos casos de gente que fotocopie best sellers), con la consiguiente paradoja de que aquel que más vende (y que menor necesidad tendrá de este tipo de política redistributiva) se lleve mas dinero que el que menos vende. Sin embargo, el que menos vende (mi profesor ponía como ejemplo sus propios libros que son utilizados por muchos estudiantes y profesionales), es uno de los mas fotocopiados (en eso estoy de acuerdo, jeje) y por tanto “perjudicado” por las fotocopiadoras, sin que vea un duro o muy poco de lo recaudado. En una afirmación que le honra mi profesor renunciaba a que le dieran ni un euro mas, ya se buscaría él la vida por su cuenta.
Cuando a uno ya le cuesta entender las actitudes corporativistas de la SGAE, de menor ayuda le parecen las soluciones respecto los derechos de los derechos de autor como las mencionadas, ya que, mas que ayudar a la gran mayoría de los autores, solo sirven para enriquecer aun más la pléyade de intermediarios creados. En mi opinión esta política antiliberal en la que esta inmersa la SGAE (y que ha contado con la aquiescencia del gobierno anterior y el actual) es de lo mas insolidaria y, además, represiva de los derechos individuales. Si a esto le unimos el futuro Estatuto del Periodista (del que hablare otro día), la nueva Ley de Televisión y Radio (a la que tb. dedicare un espacio en esta bitacora), etc veo muy gris el futuro de la libertad de expresión e información en España. Porque no lo olvidemos, ahora mismo, Internet es el medio mas libre de intercambio de información, y salvo los costes de tecnología (que cada día deberían ser menores, salvo por los cánones mencionados), que menos trabasburocráticas o de cualquier clase tiene, y donde el intervensionismo y control de los estados es tb. menor.
“(...) sólo Telefónica cuenta con 2,5 millones de ADSL en España. El precio tipo de la banda ancha mínima son 40 euros al mes. Ahora imaginemos que Carmen Calvo atiende los deseos de estos defensores de los derechos de autor. Pues bien, si aplicamos el mismo canon que consiguieron con los CD (un 30%), la banda ancha subiría esa misma cantidad según la velocidad contratada. De paso, los operadores de telefonía jugarían el triste papel de recaudadores para la SGAE. Un cálculo muy prosaico nos llevaría a esta conclusión: 3 millones de líneas ADSL existentes en España, a 40 euros al mes, supone unos ingresos de 120 millones de euros mensuales, unos 1.440 millones de euros al año. El 30% sale por los 432 millones de euros (por lo bajo, dado que el número de ADSL en España es superior a los 3 millones y no todos los abonados contratan el mínimo)”.
o dos:
"(...)con su campaña de lucha contra la piratería, los SGAE, AFIVE, Gedeprensa, etc han impuesto un argumento cuando menos singular: como no es posible controlar la piratería, lo que hay que hacer es cobrarle un impuesto, con el poder coercitivo del Estado, a buenos y malos, a legales y piratas (...)".
Los motivos para tomarla con el ADSL son muy simples. Como con la banda ancha los internautas pueden bajarse a mayor velocidad y en menor tiempo material de Internet que esta sujeto a derechos de autor pues todos (se bajen o no este tipo de materiales) deberán pagar un extra en sus tarifas. El servicio de ADSL en España es ya de por si caro bastante caro, tanto por el monopolio que, "de facto", tiene Telefónica sobre la telefonía fija en España, como por ser una tecnología en fase de expansión. El subir los precios del servicio (lo que ocurriría, inevitablemente, al repercutir las empresas suministradoras el coste del impuesto en las tarifas de sus clientes) podría afectar negativamente al desarrollo de la economía del país, al subir los costes de modernización y tecnologización de las empresas, tan necesarios para su crecimiento (y el de los salarios, dicho sea de paso). Las que ya estén tecnificadas tendrán que ajustar costes a un nuevo gasto, y las que no, se encontraran con una barrera de mercado más. Pero donde me parecen peores los efectos es para el consumidor común y corriente, el ciudadano de a pie, que desea integrarse en la “Sociedad de la Información” y ve como el coste de acceso se dispara. Me sorprende que un gobierno que se dice socialista y en pro de la igualdad, admita que se pongan mas trabas aun a las familias con menos ingresos para adquirir determinados bienes. A menos, claro esta, que se considere Internet un producto de lujo solo al alcance de niños ricos a quienes les gusta desafiar a la ley con descargas ilegales.
Mi segunda objeción es de indole jurídico, si bien es cierto que como liberal no puedo defender políticas impositivas que solo entorpecen y distorsionan de tal manera el funcionamiento libre del mercado, no mas cierto es que de haberlas deberían (y sobre la base de nuestro texto constitucional aun, si no se lo cargan antes, vigente) los impuestos deben ser exigidos y recaudados, así como gestionados y distribuidos los recursos obtenidos de ellos, por las instituciones publicas (en concreto por la Administración Tributaria) y de acuerdo a lo que las leyes establezcan. Me chirría especialmente en cuanto a su encaje en un Estado de Derecho que una institución de carácter privado tenga capacidad de decisión sobre las cargas impositivas, sobre su gestión y gasto. No estamos ante una entidad privada que cobra cuotas a sus socios, sino ante un ente privado que realiza actos reservados a los poderes públicos (por estar dirigidos a la generalidad de los ciudadanos) sin que estén claros los mecanismos de control ni las exigencias que debe la SGAE cumplir. Se imagina alguien que por ejemplo CCOO o UGT recaudaran un impuesto sobre transacciones realizadas por los clientes de los bancos, solo por que algunos trabajadores de esos bancos son afiliados suyos. Pues eso, que no se entiende.
A propósito de esto me viene a la memoria lo que mi profesor de Derecho de la Competencia (cuyo nombre no diré, pues es alguien conocido profesionalmente, que ha ocupado cargos públicos, y no quiero ponerle en un compromiso) nos contaba sobre el curioso sistema por el que funcionaba el canon por fotocopiadoras. Este canon (impuesto) consiste en que, todo aquel que quiera adquirir una fotocopiadora (y sus complementos, como los “toner” de tinta) debe de pagar, además del precio de mercado (aquí incluyo el IVA), un impuesto especial (el canon) por adquirir este tipo de material, con independencia de si es para un servicio de reprografía o para cualquier otro tipo de empresa o un particular. Las cantidades recaudadas por el canon van directamente a la SGAE la cual la distribuye entre los asociados. El canon, se supone esta pensado para compensar la perdida de ingresos por explotación que sufren los autores de libros, revistas, etc... por la copia de los mismos en estas maquinas (es decir, por no adquirirlos en tienda). Uno piensa que este canon beneficiara a aquellos que venden menos libros, bien por que sus libros son mas caros, más específicos en cuanto su publico o son menos distribuidos, pero no es así. La SGAE distribuye las cantidades sobre la base del numero de ventas (conozco muy pocos casos de gente que fotocopie best sellers), con la consiguiente paradoja de que aquel que más vende (y que menor necesidad tendrá de este tipo de política redistributiva) se lleve mas dinero que el que menos vende. Sin embargo, el que menos vende (mi profesor ponía como ejemplo sus propios libros que son utilizados por muchos estudiantes y profesionales), es uno de los mas fotocopiados (en eso estoy de acuerdo, jeje) y por tanto “perjudicado” por las fotocopiadoras, sin que vea un duro o muy poco de lo recaudado. En una afirmación que le honra mi profesor renunciaba a que le dieran ni un euro mas, ya se buscaría él la vida por su cuenta.
Cuando a uno ya le cuesta entender las actitudes corporativistas de la SGAE, de menor ayuda le parecen las soluciones respecto los derechos de los derechos de autor como las mencionadas, ya que, mas que ayudar a la gran mayoría de los autores, solo sirven para enriquecer aun más la pléyade de intermediarios creados. En mi opinión esta política antiliberal en la que esta inmersa la SGAE (y que ha contado con la aquiescencia del gobierno anterior y el actual) es de lo mas insolidaria y, además, represiva de los derechos individuales. Si a esto le unimos el futuro Estatuto del Periodista (del que hablare otro día), la nueva Ley de Televisión y Radio (a la que tb. dedicare un espacio en esta bitacora), etc veo muy gris el futuro de la libertad de expresión e información en España. Porque no lo olvidemos, ahora mismo, Internet es el medio mas libre de intercambio de información, y salvo los costes de tecnología (que cada día deberían ser menores, salvo por los cánones mencionados), que menos trabasburocráticas o de cualquier clase tiene, y donde el intervensionismo y control de los estados es tb. menor.
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