Según el Gobierno le ampara la libertad de expresión para insultar y atacar a los medios de comunicación. Parece mentira que a estas alturas haya que recordar a la clase “sin clase” política, que la libertad de expresión es un derecho que protege y ampara a los individuos frente al poder político y la sociedad, y no puede ser alegado por los responsables públicos quienes tienen la obligación de expresar e informar a los ciudadanos de sus actividades publicas y privadas, en el caso de que puedan influir en sus decisiones publicas, como ocurre con el Ministro de Industria José Montilla. Y eso se hace en el Parlamento, con luz y taquígrafos.
En cuanto a la libertad de expresión e información en España, esta tiene únicamente los siguientes límites absolutos:
- Veracidad (ni siquiera que sea verdad).
- Derecho de rectificación y puntualización a favor del afectado.
- Código penal: injurias y calumnias.
- Protección de los menores.
Si el gobierno puede señalar cuales de estos límites han traspasado la radio COPE o el periódico EL MUNDO debería instar a los tribunales y al Ministerio fiscal a actuar. Pero esta claro que no lo hará, y si se le ocurriera, sin duda recibiría un mazazo del poder judicial. Todas las veces que se ha tratado de ir contra estos profesionales por su labor informativa las actuaciones en base a derecho han caído en saco roto. Otra cosa es la via política, aprovechando la amplia discrecionalidad administrativa en materia audiovisual podría intertar atacar a la COPE (con EL MUNDO, prensa escrita, es mas complicado) en su concesiones o a través del acoso a los anunciantes. En un Estado de Derecho como es debido tales prácticas estarían erradicadas de la vida pública, pero en España constituyen la losa mas importante en estos 27 años de democracia. Ademas, estas practicas tienen un nombre jurídico penal: prevaricación y conspiración criminal.
En cuanto a la libertad de expresión e información en España, esta tiene únicamente los siguientes límites absolutos:
- Veracidad (ni siquiera que sea verdad).
- Derecho de rectificación y puntualización a favor del afectado.
- Código penal: injurias y calumnias.
- Protección de los menores.
Si el gobierno puede señalar cuales de estos límites han traspasado la radio COPE o el periódico EL MUNDO debería instar a los tribunales y al Ministerio fiscal a actuar. Pero esta claro que no lo hará, y si se le ocurriera, sin duda recibiría un mazazo del poder judicial. Todas las veces que se ha tratado de ir contra estos profesionales por su labor informativa las actuaciones en base a derecho han caído en saco roto. Otra cosa es la via política, aprovechando la amplia discrecionalidad administrativa en materia audiovisual podría intertar atacar a la COPE (con EL MUNDO, prensa escrita, es mas complicado) en su concesiones o a través del acoso a los anunciantes. En un Estado de Derecho como es debido tales prácticas estarían erradicadas de la vida pública, pero en España constituyen la losa mas importante en estos 27 años de democracia. Ademas, estas practicas tienen un nombre jurídico penal: prevaricación y conspiración criminal.
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